1a parte liquidada...

Garoña queda en manos de Zapatero tras el respaldo del Consejo Nuclear

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio ayer luz verde por unanimidad a una prórroga por diez años de la vida útil de la central de Santa María de Garoña (Burgos). De esta forma, la decisión sobre el futuro de la planta atómica más veterana de España se encuentra en manos del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha confesado en alguna ocasión ser «el miembro más antinuclear» del Gobierno. El informe, que no será publicado hasta el lunes, obliga a Nuclenor -la sociedad propietaria de Garoña, participada al 50% por Iberdrola y Endesa- a invertir fuertes sumas para cumplir con todos los requisitos en materia de seguridad que se exigen a las nucleares de nueva construcción en Estados Unidos, apuntan fuentes conocedoras de su contenido.

Al agotar su plazo, el CSN ha logrado dejar la cuestión fuera de la agenda de los partidos en el último día de campaña para las europeas y no ha envenenado el debate energético. Como viene siendo costumbre desde el nombramiento de Carmen Martínez Ten como presidenta, el dictamen contó con el respaldo de todos los componentes del pleno del Consejo: los dos propuestos por el PSOE -la propia Martínez Ten y Francisco Fernández-; otro, Antoni Gurguí, designado por CiU; y Antonio Colino y Luis Gámir, avalados por el PP. Conocedores de los entresijos del CSN aseguran que sus miembros no acostumbran a seguir consignas políticas y se guían sólo por criterios técnicos.

La decisión última sobre Garoña corresponde ahora al Gobierno. En concreto, al Ministerio de Industria, que tiene de plazo hasta el 5 de julio para hacer público si prorroga la licencia a la planta más antigua de España -39 años-, que el pasado ejercicio produjo el 1,5% de la energía eléctrica nacional.

Plantas con achaques

El programa electoral del PSOE apostaba por el cierre de esas instalaciones «al final de su vida útil», que es de 40 años. Zorita fue cerrada con 38 en 2006. Frente a los recelos de Zapatero hacia esta fuente de generación, el titular de Industria, Miguel Sebastián, está considerado como uno de los hombres más pronucleares del Gabinete. La decisión que adopte el Ejecutivo establecerá la senda que deberán seguir el resto de grupos atómicos españoles.

El presidente podría adelantar su visto bueno o no a la continuidad de Garoña en una comparecencia en el Senado el próximo martes. Pío García-Escudero, portavoz del PP en la Cámara Alta, le formulará una pregunta directa al respecto. Zapatero anunció hace cuatro años «un calendario de cierre» para las nucleares, no aprobado hasta hoy.

La vida de la central burgalesa trasciende el caso concreto de una instalación de este tipo y supone un auténtico examen de las intenciones del PSOE sobre energía atómica y planificación energética. No es casual que la Fundación Ideas, presidida por el ex ministro Jesús Caldera y laboratorio de la futura agenda del partido, asegure respecto de Garoña: «Consideramos que el Gobierno puede proceder a no renovar su licencia por su antigüedad, sus problemas potenciales de seguridad y por ser perfectamente sustituible por energías renovables».

En Álava -la instalación apenas dista 50 kilómetros de Vitoria-, el secretario general del PSE en ese territorio, Txarli Prieto, aseguró que, de tener «la llave», él mismo procedería a su «cierre».

Estas últimas semanas se ha desarrollado un auténtico enfrentamiento con Garoña como fondo. Mientras Greenpeace exigía el cierre de la planta «de las mil grietas» por sus supuestos daños medioambientales, la patronal Confebask apostó por su continuidad al considerar que su clausura «afectaría negativamente a la competitividad de las empresas de alto consumo», a la industria y a toda la ciudadanía. Desde la CEOE se advirtió también de que echar aquí la persiana podría repercutir en una subida del recibo de la luz de hasta el 10%, una estimación calificada de «amenaza engañosa» por los ecologistas.

Siempre la seguridad

Y de fondo, la seguridad de la planta. Fuentes de Nuclenor confirmaron a EL CORREO que Garoña ha implantado ya ocho de las nuevas diez directrices de seguridad que le exigía el CSN en los protocolos para prorrogar la licencia.

La compañía presentó la solicitud para la renovación de la actual autorización el 4 de julio de 2006, según lo previsto en su actual permiso, de julio de 1999. El CSN ha pedido en estos tres años numerosos informes sobre el envejecimiento de los equipos y de los sistemas que tienen que ver con la seguridad de la planta, un estudio sobre el impacto radiológico de la nuclear (se le pide que se mantenga en los niveles actuales respecto a los afluentes y vertidos) y otro sobre los posibles impactos para la seguridad (análisis de los escenarios y amenazas para la integridad de la instalación, revisados tras el atentado del 11-S).

Garoña espera realizar el resto de mejoras en las paradas de recarga de 2009 y 2011. En concreto, el CSN le exige acometer el tendido de un nuevo sistema de cableado desde el reactor a la sala de control en cuatro años y la sustitución de los sistemas de ventilación del edificio de contención del reactor. Estas tareas sólo pueden realizarse con la central parada.

El organismo ha agotado el plazo de que disponía y entregó ayer el informe a Industria. El lunes el texto se hará público. Los cuatro consejeros y su presidenta, Carmen Martínez Ten, han entendido de forma colegiada que Garoña es segura y que podrá seguir produciendo electricidad de forma eficaz si acomete las inversiones aconsejadas. Algunas fuentes apuntan también a que el CSN podría recomendar limitar la vida útil. En este sentido, Ramón Jáuregui, candidato del PSOE al Parlamento europeo, anunciaba el jueves que el Gobierno podría optar por «un anuncio de prórroga muy limitado». En todo caso, se trataría de la primera vez que el CSN propone prolongar la vida útil de una central más allá de los 40 años programados en su construcción.
Fuente: el correo