Detenidos Teddy Bautista y otras ocho personas en la operación contra la SGAE
La Fiscalía Anticorrupción investiga a la entidad por presuntos delitos de desviación de fondos y apropiación indebida.- Los agentes registran la sede de la sociedad en Madrid
El presidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores y Editores, Eduardo Teddy Bautista, es uno de los nueve detenidos en la operación policial que ha llevado hoy a la Guardia Civil a registrar desde las 11 de la mañana la sede de la entidad en Madrid. A Bautista se le acusa de un presunto delito de apropiación indebida en relación con una causa que investigan la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, confirmaron altos cargos del Ministerio del Interior. Entre los imputados está también José Luis Rodríguez Neri, un exalto directivo de la SGAE que presuntamente desvió decenas de miles de euros a empresas de su propiedad; el director financiero de la entidad, Ricardo Azcoaga, y el director general, Enrique Loras. Los detenidos prestarán declaración en las próximas horas. Seis de los detenidos han sido trasladados a la comandancia de Tres Cantos (Madrid) y a un cuartel de Las Rozas (Madrid) donde previsiblemente van a pasar la noche, según ha informado la policía a la agencia Efe. Bautista y otros dos directivos permanecen en la SGAE a la espera de lo que se decida sobre ellos.
La denominada Operación Saga, una investigación que dirige el juez Pablo Ruz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, y en la que participan más de 50 agentes, incluye siete órdenes de registro en domicilios particulares de los imputados y en algunas de las empresas de la Sociedad Digital de Autores (SDAE), perteneciente a la SGAE y de la que Rodríguez Neri es su director general. Las fuentes de la investigación consultadas afirman que además del principal implicado, Rodríguez Neri, lo están también varias personas de su entorno familiar. El vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras el Consejo de Ministros, solo dijo, cuando fue preguntado por este asunto, que "es un procedimiento judicial y hay que esperar a que acabe", por lo que "acata y respeta" lo que diga el juez. Pasadas las doce de la noche, y tras más de 13 horas de registro, continuaban los registros de los agentes en la sede de la SGAE.
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha asegurado que la premisa del ministerio es el de colaborar "con todo aquello que nos pueda pedir la Fiscalía Anticorrupción", tal y como ha manifestado durante su visita al Festival de Teatro Clásico de Almagro (Ciudad Real), donde ha pedido también prudencia con el fin de respetar el principio de presunción de inocencia de las personas que han sido arrestadas.
Este caso comienza con una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, en marzo de 2010, ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular era entonces Baltasar Garzón. Este abrió diligencias previas y la Unidad Central de Operaciones (UCO) de la Guardia Civil y Anticorrupción comenzaron a investigar las cuentas de la SGAE. Ayer jueves, 30 de junio, la Guardia Civil envió un oficio al juez Ruz para que autorizase las entradas y registros de la sede de la entidad y de domicilios particulares. El instituto armado también comunicaba la posibilidad de detenciones y solicitaba, como después autorizó el juez, el embargo y bloqueo de cuentas.
El centro de esta investigación son las personas que crearon sociedades en las que valiéndose de su condición de directivos de la SGAE pudieron desviar fondos en perjuicio de la entidad y de sus socios. Por lo tanto, no se investiga un delito fiscal, sino societario y contra el patrimonio, informa José Yoldi.
Beneficios a los directivos
Según fuentes de la investigación, era la SDAE la que firmaba los contratos con esas empresas para supuestamente beneficiar a los directivos de la SGAE y a sus familiares. Por lo tanto, las indagaciones de la Fiscalía Anticorrupción concluyen que el propio Bautista tenía que consentir o conocer las contrataciones. No obstante, según las mismas fuentes, el objetivo de la investigación es salvaguardar los intereses de los socios y de la institución y no está en cuestión el sistema de canon de la entidad, informa Manuel Altozano.
Fuentes de la Guardia Civil no descartan que se produzcan registros en sedes de otras provincias, ha informado Francisco J. Barroso, aunque en este organismo en Barcelona informaron de que trabajaban "con tranquilidad". Durante el registro en Madrid, los agentes del instituto armado prohibieron a los empleados usar el móvil, aunque finalmente les permitieron hacer una llamada. Cuando entraron los guardias les decían que dejasen el DNI y saliesen al patio del edificio.
El ambiente frente al palacio de Longoria, el bello edificio modernista de la SGAE en Madrid, mostraba por la mañana a los agentes de la Guardia Civil, que no dejaban entrar ni salir a nadie, incluidos los trabajadores, y los dos accesos cerrados. Con el palacio desalojado, los empleados de la SGAE permanecieron en el patio interior, mientras unos alumnos del máster de Gestión cultural sí pudieron salir. Uno de ellos contó que estaban en mitad de una presentación cuando la Guardia Civil irrumpió en la sala. Les han permitido irse porque "no tenían nada que ver con la investigación". La calle no fue cortada aunque había tres coches de la Guardia Civil, muchos medios de comunicación y curiosos que se acercaban a ver qué sucedía.
Registro de despachos
Cuando los empleados pudieron abandonar el palacio de Longoria lo hicieron en grupos de entre 15 y 20, tras haber estado retenidos en el patio del edificio y mientras se registraban los despachos. A la salida han medido sus palabras, pero han expresado a los periodistas su desconcierto por la operación policial: "¡Qué vamos a decir! No sabemos nada", ha afirmado una trabajadora. En medio del follón, la web de la SGAE ha permanecido en silencio. En su web está aún colgado el comunicado de hace dos días en el que negaba que la Audiencia Nacional estuviera llevando "actuación alguna".
Esta intervención judicial se ha producido el mismo día en que los socios de la SGAE han ratificado en las elecciones a su junta directiva con la victoria abrumadora de la lista continuista de la labor de Teddy Bautista.
Javier Trujillo, director comercial de la SGAE, salió a tomar un café a las 10.30, poco antes de que se produjera el registro. Al volver ya no pudo entrar. "Hoy había menos gente de lo habitual porque el recuento de las votaciones ha durado hasta las siete de la mañana, por eso muchos técnicos y miembros de la mesa se han ido a descansar", ha dicho. Como Trujillo, otros empleados que salieron a desayunar se quedaron en la puerta. "Nos preocupa la imagen que se pueda estar dando cuando aún no hay nada claro".
Dos miembros de la candidatura De Otra Manera (DOM), del compositor José Miguel Fernández Sastrón, la gran derrotada en las elecciones de la SGAE, sí consiguieron abandonar la sede 20 segundos antes de que entrara la Guardia Civil. "Nos hemos librado por los pelos, hemos salido y han cerrado el edificio", han dicho. "Hemos venido a una reunión por los resultados de las elecciones. Conseguimos un 43% de los votos y no vamos a tener representación", han añadido. Fernández-Sastrón ha declarado después que está "aturdido". "No conozco bien la última hora y no puedo hacer ninguna valoración, sería frívolo por mi parte", ha dicho.
El escrito del ministerio público que investigaba a la SGAE fue presentado hace unas semanas ante la Audiencia Nacional y responde a unas diligencias previas abiertas por este departamento a raíz de una denuncia que presentaron en noviembre de 2007 la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE). La denuncia se basaba en la aparición en varios medios de comunicación de "supuestas ilicitudes cometidas en la gestión económica de los recursos de la SGAE". Los internautas denunciaban que los directivos de la entidad habían formado una trama societaria de empresas filiales en torno a la SDAE en las que las cantidades recaudadas en concepto de gestión de derechos de autor se invertían en actividades lucrativas para las mismas. Una denuncia que converge con la intervención policial de hoy.
"Mandato legal"
Según estas asociaciones, la entidad incumplía "el mandato legal que le exige que el reparto de los derechos recaudados se efectúe equitativamente entre los titulares de las obras o producciones utilizadas, pues supuestamente se estaría destinando dicha recaudación a mantener empresas privadas, que lo son de sus socios y que además envuelven un ánimo de lucro prohibido expresamente por ley". A su juicio, estas actividades podrían ser constitutivas de los delitos de apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones, que serían achacables a los responsables de las empresas que llevaron a cabo la "malversación" de sus recursos económicos y, de forma subsidiaria, al Ministerio de Cultura, como "principal fiscalizador de este tipo de asociaciones".
Ahora queda pendiente saber qué ocurrirá con la flamante junta directiva, que preveía celebrar su primera reunión el día 12 con un primer punto en el orden del día: designar a los tres vicepresidentes y al presidente del Consejo de Dirección, el cargo que desempeña Bautista. En esa nueva junta figuran nombres como los músicos Caco Senante, Javier Limón, Teo Cardalda y del mundo del cine: José Luis Cuerda, Manuel Gómez Pereira e Imanol Uribe.
Fuente: el país
La denominada Operación Saga, una investigación que dirige el juez Pablo Ruz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, y en la que participan más de 50 agentes, incluye siete órdenes de registro en domicilios particulares de los imputados y en algunas de las empresas de la Sociedad Digital de Autores (SDAE), perteneciente a la SGAE y de la que Rodríguez Neri es su director general. Las fuentes de la investigación consultadas afirman que además del principal implicado, Rodríguez Neri, lo están también varias personas de su entorno familiar. El vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras el Consejo de Ministros, solo dijo, cuando fue preguntado por este asunto, que "es un procedimiento judicial y hay que esperar a que acabe", por lo que "acata y respeta" lo que diga el juez. Pasadas las doce de la noche, y tras más de 13 horas de registro, continuaban los registros de los agentes en la sede de la SGAE.
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha asegurado que la premisa del ministerio es el de colaborar "con todo aquello que nos pueda pedir la Fiscalía Anticorrupción", tal y como ha manifestado durante su visita al Festival de Teatro Clásico de Almagro (Ciudad Real), donde ha pedido también prudencia con el fin de respetar el principio de presunción de inocencia de las personas que han sido arrestadas.
Este caso comienza con una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, en marzo de 2010, ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular era entonces Baltasar Garzón. Este abrió diligencias previas y la Unidad Central de Operaciones (UCO) de la Guardia Civil y Anticorrupción comenzaron a investigar las cuentas de la SGAE. Ayer jueves, 30 de junio, la Guardia Civil envió un oficio al juez Ruz para que autorizase las entradas y registros de la sede de la entidad y de domicilios particulares. El instituto armado también comunicaba la posibilidad de detenciones y solicitaba, como después autorizó el juez, el embargo y bloqueo de cuentas.
El centro de esta investigación son las personas que crearon sociedades en las que valiéndose de su condición de directivos de la SGAE pudieron desviar fondos en perjuicio de la entidad y de sus socios. Por lo tanto, no se investiga un delito fiscal, sino societario y contra el patrimonio, informa José Yoldi.
Beneficios a los directivos
Según fuentes de la investigación, era la SDAE la que firmaba los contratos con esas empresas para supuestamente beneficiar a los directivos de la SGAE y a sus familiares. Por lo tanto, las indagaciones de la Fiscalía Anticorrupción concluyen que el propio Bautista tenía que consentir o conocer las contrataciones. No obstante, según las mismas fuentes, el objetivo de la investigación es salvaguardar los intereses de los socios y de la institución y no está en cuestión el sistema de canon de la entidad, informa Manuel Altozano.
Fuentes de la Guardia Civil no descartan que se produzcan registros en sedes de otras provincias, ha informado Francisco J. Barroso, aunque en este organismo en Barcelona informaron de que trabajaban "con tranquilidad". Durante el registro en Madrid, los agentes del instituto armado prohibieron a los empleados usar el móvil, aunque finalmente les permitieron hacer una llamada. Cuando entraron los guardias les decían que dejasen el DNI y saliesen al patio del edificio.
El ambiente frente al palacio de Longoria, el bello edificio modernista de la SGAE en Madrid, mostraba por la mañana a los agentes de la Guardia Civil, que no dejaban entrar ni salir a nadie, incluidos los trabajadores, y los dos accesos cerrados. Con el palacio desalojado, los empleados de la SGAE permanecieron en el patio interior, mientras unos alumnos del máster de Gestión cultural sí pudieron salir. Uno de ellos contó que estaban en mitad de una presentación cuando la Guardia Civil irrumpió en la sala. Les han permitido irse porque "no tenían nada que ver con la investigación". La calle no fue cortada aunque había tres coches de la Guardia Civil, muchos medios de comunicación y curiosos que se acercaban a ver qué sucedía.
Registro de despachos
Cuando los empleados pudieron abandonar el palacio de Longoria lo hicieron en grupos de entre 15 y 20, tras haber estado retenidos en el patio del edificio y mientras se registraban los despachos. A la salida han medido sus palabras, pero han expresado a los periodistas su desconcierto por la operación policial: "¡Qué vamos a decir! No sabemos nada", ha afirmado una trabajadora. En medio del follón, la web de la SGAE ha permanecido en silencio. En su web está aún colgado el comunicado de hace dos días en el que negaba que la Audiencia Nacional estuviera llevando "actuación alguna".
Esta intervención judicial se ha producido el mismo día en que los socios de la SGAE han ratificado en las elecciones a su junta directiva con la victoria abrumadora de la lista continuista de la labor de Teddy Bautista.
Javier Trujillo, director comercial de la SGAE, salió a tomar un café a las 10.30, poco antes de que se produjera el registro. Al volver ya no pudo entrar. "Hoy había menos gente de lo habitual porque el recuento de las votaciones ha durado hasta las siete de la mañana, por eso muchos técnicos y miembros de la mesa se han ido a descansar", ha dicho. Como Trujillo, otros empleados que salieron a desayunar se quedaron en la puerta. "Nos preocupa la imagen que se pueda estar dando cuando aún no hay nada claro".
Dos miembros de la candidatura De Otra Manera (DOM), del compositor José Miguel Fernández Sastrón, la gran derrotada en las elecciones de la SGAE, sí consiguieron abandonar la sede 20 segundos antes de que entrara la Guardia Civil. "Nos hemos librado por los pelos, hemos salido y han cerrado el edificio", han dicho. "Hemos venido a una reunión por los resultados de las elecciones. Conseguimos un 43% de los votos y no vamos a tener representación", han añadido. Fernández-Sastrón ha declarado después que está "aturdido". "No conozco bien la última hora y no puedo hacer ninguna valoración, sería frívolo por mi parte", ha dicho.
El escrito del ministerio público que investigaba a la SGAE fue presentado hace unas semanas ante la Audiencia Nacional y responde a unas diligencias previas abiertas por este departamento a raíz de una denuncia que presentaron en noviembre de 2007 la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE). La denuncia se basaba en la aparición en varios medios de comunicación de "supuestas ilicitudes cometidas en la gestión económica de los recursos de la SGAE". Los internautas denunciaban que los directivos de la entidad habían formado una trama societaria de empresas filiales en torno a la SDAE en las que las cantidades recaudadas en concepto de gestión de derechos de autor se invertían en actividades lucrativas para las mismas. Una denuncia que converge con la intervención policial de hoy.
"Mandato legal"
Según estas asociaciones, la entidad incumplía "el mandato legal que le exige que el reparto de los derechos recaudados se efectúe equitativamente entre los titulares de las obras o producciones utilizadas, pues supuestamente se estaría destinando dicha recaudación a mantener empresas privadas, que lo son de sus socios y que además envuelven un ánimo de lucro prohibido expresamente por ley". A su juicio, estas actividades podrían ser constitutivas de los delitos de apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones, que serían achacables a los responsables de las empresas que llevaron a cabo la "malversación" de sus recursos económicos y, de forma subsidiaria, al Ministerio de Cultura, como "principal fiscalizador de este tipo de asociaciones".
Ahora queda pendiente saber qué ocurrirá con la flamante junta directiva, que preveía celebrar su primera reunión el día 12 con un primer punto en el orden del día: designar a los tres vicepresidentes y al presidente del Consejo de Dirección, el cargo que desempeña Bautista. En esa nueva junta figuran nombres como los músicos Caco Senante, Javier Limón, Teo Cardalda y del mundo del cine: José Luis Cuerda, Manuel Gómez Pereira e Imanol Uribe.
Fuente: el país
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