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Repsol recrudece la guerra jurídica: impugna las tres juntas de YPF

Asegura que las asambleas no son válidas por la confiscación de sus acciones

Piden la incompatibilidad del Gobierno para ejercer el control de la compañía

Repsol ha desplegado toda la artillería legal por la expropiación de YPF por parte del Gobierno argentino. La compañía, según ha podido saber elEconomista, acaba de recurrir las dos asambleas celebradas por la nueva dirección de su exfilial el pasado 4 de junio y el 17 de julio, al tiempo que ya prepara la demanda para la última junta celebrada el pasado 13 de septiembre.

Fuentes jurídicas explicaron a este diario que estos recursos se han interpuesto por la vía mercantil de los juzgados argentinos. Con ellos, Repsol pretende clarificar que las decisiones adoptadas son ilegales, así como la vulneración de los estatutos de la propia petrolera y demostrar la incompatibilidad de gestores gubernamentales como el caso de Axel Kicillof.

Para la compañía, en el proceso de expropiación de YPF se han vulnerado varios derechos que han sido ratificados en estas juntas. En concreto, el expolio viola incluso el artículo 17 de la Constitución argentina, que declara que "la propiedad es inviolable y la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por Ley y previamente indemnizada".

Además, contraviene los códigos de la propia petrolera argentina que exige que en caso de cambio de control se debe formular una opa y que la falta de la misma debe ser resarcida con una sanción. Asimismo, Repsol cree que no se debería reconocer el derecho de voto.

Por otro lado, las juntas realizadas hasta el momento están basadas en el modelo societario establecido previo a la confiscación, pero el actual modelo de negocio vulnera las normas de gobierno corporativo que exigen los organismos internacionales.

También existen incompatibilidades por las competencias del viceministro de Economía, Axel Kicillof, que a su vez ha sido nombrado secretario de Planificación. Con esta condición, todas las petroleras competidoras de YPF le deben presentar sus planes y es él quien tiene la potestad de aprobar los márgenes y los precios de las compañías, al tiempo que también dirige la petrolera expropiada. De hecho, ya ha habido quejas en público por parte de operadores internacionales como Shell por este asunto.

En este sentido, Repsol también denuncia la vulneración de las garantías de los accionistas minoritarios por la falta de un Comité de Auditorías y de Retribuciones.

Obstáculos desde Argentina

Desde el Gobierno argentino se está intentando demorar al máximo los plazos y entorpecer todos los trámites judiciales. De hecho la petrolera se ha encontrado con impedimentos a la hora de establecer la vía por la que debe impulsar estos recursos.

El mecanismo elegido han sido los juzgados de lo mercantil, pero desde la Administración se entiende que los recursos deberían contemplar la vía civil o incluso contencioso administrativa. La petrolera defiende sus derechos como agente expropiado y en ejercicio del 12% que aún mantiene en YPF, como consecuencia del 6% que no fue expropiado y otro tanto que ejecutó al Grupo Petersen por falta de pago del préstamo concedido para su desembarco en la petrolera.

Denuncias paralelas

Por otro lado, la petrolera ha abierto varias causas en los tribunales de Buenos Aires por el daño causado a los directivos de Repsol en su filial, que fueron expulsados por miembros del Ejército del país de la sede justo después de anunciar la nacionalización.

Repsol también ha demandado la erosión de la cotización de YPF por las amenazas previas y por la retirada de licencias que tenía por objeto hundir la acción y, en consecuencia, abonar la menor indemnización posible.

Hasta la fecha, la rescisión de concesiones en cascada que sufrió Repsol entre marzo y abril por parte de media docena de gobiernos provinciales han sido recurridas en los tribunales locales argentinos y algunas están a la espera de fallo de la Corte Suprema del país.

Por otro lado, Repsol se mantiene muy beligerante en Estados Unidos. El pasado 21 de agosto notificó en Argentina la demanda que se acoge a la Class Action, una figura de la legislación estadounidense que defiende a los accionistas de daños y perjuicios. A esta iniciativa también se ha acogido la firma estadounidense Texas Yale Capital, accionista de YPF.

Por último, la petrolera presentó un añadido a su denuncia en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, como adelantó elEconomista, en la que denunciaba a Argentina por haber incumplido los requisitos de información bursátil y haber violado la Sección 13 D, un documento que fija la obligatoriedad de presentar información acerca de los dividendos de la compañía y de sus planes de futuro y otra demanda contra el Bank New York Mellon.

Fuente: el economista