Sentenciada

El comisario Almunia, a punto de firmar la sentencia del sector naval español

La resolución del expediente sobre la 'tax lease' puede suponer la pérdida de casi 87.000 empleos en Euskadi, Asturias y Galicia

El comisario de la competencia de la Unión Europea, Joaquín Almunia, está a punto de estampar su firma sobre una resolución de la Comisión que dé carpetazo al expediente abierto en junio de 2011, a propósito de lo que se conoce como el 'tax lease' aplicado a la construcción naval en España, que suponía -esta parte ya está clara- un régimen de ayudas de Estado incompatible con las normas comunitarias. Algunas fuentes no oficiales esperan esta resolución para mediados de junio y el propio Almunia declaró la pasada semana que "está cerca". Si el resultado es negativo, si hay que devolver a Hacienda el dinero ahorrado en impuestos en la construcción de numerosos barcos en España -en torno a 3.000 millones de euros-, supondrá la inmediata quiebra de buena parte de los astilleros de este país.

Buena parte de ellos están ubicados en Euskadi, Asturias y Galicia. 87.000 puestos de trabajo, unos dentro de los astilleros y otros en la industria auxiliar, con la que está cayendo, dependen de la decisión de la UE y de la firma de quien fuera miembro de la ejecutiva de la Unión General de Trabajadores, ministro del Gobierno de Felipe González y secretario general del PSOE. Paradojas del destino político-profesional. Solo en el caso de La Naval de Sestao, el empleo comprometido se sitúa en unos 737 trabajadores, pero el efecto inducido sobre la riqueza del entorno dispararía esta cifra. Si el resultado es positivo, si no hay que devolverlas o la cantidad reclamada es reducida, será un balón de oxígeno aunque, desgraciadamente, la salvación del sector depende también de encontrar armadores dispuestos a contratar nuevos buques. Esta semana que ahora comienza puede ser el escenario de una reunión de Mariano Rajoy y Joaquín Almunia para abordar la cuestión.

¿Qué era esto del 'tax lease'? Un pequeño truco para intentar que el precio al que los armadores adquirían los barcos construidos en España fuese algo más reducido que el que ingresaba el astillero, cargando la diferencia contra la Hacienda pública. Con ello se conseguía competir con astilleros asiáticos, cuyos bajos costes de mano de obra hacen muy complicada la competencia. Supongamos que un astillero cobraba 100 por un determinado barco y no era capaz de fabricarlo por un precio inferior, so pena de incurrir en pérdidas. Un grupo intermediario, fundamentalmente formado por empresas nacionales con grandes beneficios y una o varias entidades financieras, adquiría ese barco y mediante un sistema de arrendamiento financiero lo ponía a disposición del armador final, a quien la operación le costaba 90. El grupo intermediario se resarcía de los 10 de diferencia e incluso de algo más gracias a que Hacienda permitía un ventajoso sistema de amortizaciones aceleradas. Así las cosas, por ejemplo, el grupo Inditex figura entre las empresas que han participado en un buen número de operaciones de este tipo.

Alguien puede pensar que si hay que devolver dinero a Hacienda, como puede exigir ahora la Comisión Europea, lo deberán hacer las empresas que, como es el caso de Inditex, han actuado como intermediarios y han llevado a su contabilidad las deducciones fiscales. Y es cierto, pero solo en parte. Y ello, porque en los contratos que se firmaban entre armadores, intermediarios y astilleros, en eso que se llama "la letra pequeña", estos últimos se hacían responsables de cualquier problema que pudiera surgir con esta ingeniería fiscal. El problema ha llegado y la factura está a punto de llamar a la puerta.

Los astilleros y todas las partes implicadas han argumentado ante la Comisión Europea el principio de "confianza legítima" para defender la idea de que no debe exigirse la devolución de esos 3.000 millones de euros a las arcas del Estado. "Yo -argumentan los afectados- apliqué una ley publicada en el Boletín Oficial, en la creencia de que era del todo legal". El propio comisario Almunia, en una intervención en el Parlamento Europeo esta misma semana, a preguntas de la parlamentaria del PNV, ha dado a entender que esto debería ser así, lo que ha inyectado algunas gotas de optimismo en el sector. Pero nada es seguro en este terreno. El propio Tribunal de Luxemburgo, la Corte de la UE, rechazó este argumento cuando las empresas vascas lo utilizaron para defender la no devolución de los incentivos fiscales a la inversión y las denominadas "vacaciones fiscales". Ahora, a cruzar los dedos.

Fuente: el correo