Marca espollas

La constructora de las obras del Canal suspende el proyecto por sobrecoste

La española Sacyr justifica que es imposible realizar la ampliación con los costes pactados

Dice que los imprevistos, imputados al cambio de cemento, son responsabilidad administrativa

Panamá rechaza el ultimátum y se niega a pagar más dinero

Las obras de ampliación del Canal de Panamá están en el aire. El consorcio liderado por el grupo español Sacyr ha anunciado este miércoles el envío de una carta a las autoridades panameñas en la que amenaza con parar los trabajos si en un plazo de 21 días no se atienden sus demandas, rechazadas este mismo miércoles por Panamá. El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que es como se llama el consorcio, señala que “no puede continuar una obra en la que se proyectan 1.600 millones de dólares (cerca de 1.200 millones de euros) en sobrecostos”, lo que equivale al 50% del coste del proyecto. El consorcio culpa a información deficiente facilitada por la Administración y a eventos imprevistos, pero en el momento de la adjudicación los rivales consideraron que la oferta de GUPC era temerariamente baja.

Los cables de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, obtenidos por Wikileaks y analizados y publicados por EL PAÍS en 2010, mostraban cómo en opinión de Bechtel, la empresa de EE UU que perdió el concurso, la oferta de Sacyr de 3.120 millones de dólares (unos 2.300 millones de euros al cambio actual) no daba ni para “poner el hormigón”. Bechtel había ofertado 4.200 millones de dólares y sospechaba que Sacyr, presidida entonces por Luis del Rivero, intentaría renegociar al alza el contrato al ejecutarlo.

En la carta enviada ahora, el consorcio reclama a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) “discutir de una manera justa y apropiada una solución, bajo la ley panameña, de los grandes problemas financieros que están afectando el proyecto”, que está ejecutado en un 65%.

El consorcio liderado por Sacyr (integrado también por la italiana Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña CUSA) señala en su nota que a pesar de haber llegado a acuerdos entre ambas partes, “el administrador [del Canal, Jorge Quijano,] ha decidido no honrar dichos acuerdos”. “Por todo ello, GUPC reitera que no puede continuar una obra en la que se proyectan 1.600 millones de dólares en sobrecostos, que son responsabilidad del empleador”, señala la nota.

Un fenómeno "habitual"

GUPC acusa a la Administración del Canal de haber “fallado en el cumplimiento de sus obligaciones recogidas en el contrato” como pondría de manifiesto “la inexactitud de la información proporcionada al consorcio para ejecutar el proyecto”. “Pero, sobre todo, ha fallado en mantener y restaurar el equilibrio financiero con GUPC por los eventos imprevistos que se han presentado en la obra, algo que ocurre de manera habitual en proyectos de esta envergadura”, añade la nota.

El consorcio liderado por Sacyr niega que su movimiento sea una forma de presión a la Autoridad del Canal. Asegura que siempre ha intentado una salida dialogada, pero que “la Administración ha hecho todo lo que está en su poder para evitar la resolución de las diferentes disputas y reclamos”. Fuentes cercanas al consorcio señalan que les han denegado todas sus peticiones, remitiendo los conflictos a un organismo arbitral, la Junta de Resolución de Disputas. El consorcio se queja del coste en tiempo y dinero y de la incertidumbre que conlleva abrir un arbitraje por cada disputa y, además, asegura que cuando le ha convenido, la Administración ha dejado sin efecto sus decisiones.

La ACP considera que la carta tiene “el único propósito de forzar a la organización a negociar fuera de los términos establecidos en el contrato para la construcción del tercer juego de esclusas”. “No importa qué tipo de presión se haga contra la ACP, nosotros mantenemos nuestra exigencia de que GUPC respete el contrato que ellos mismos aceptaron y firmaron”, explicó Jorge Quijano en una nota en que la ACP reitera que las únicas vías para atender reclamaciones están claramente establecidas en el contrato.

Así, aunque el consorcio señala que espera que la ACP cumpla en el plazo de 21 días los requerimientos para “poder continuar con la obra, en lo que supondría la alternativa con menor coste y en el menor tiempo posible de ejecución”, la reacción panameña no hace presagiar ese fin.

Las obras ya van con algo de retraso. La ACP quería que el tercer juego de esclusas estuviese terminado este año, en que se celebra el Centenario del Canal, pero las previsiones ya apuntaban a mediados de 2015.

Preocupación del Gobierno

Las comunicaciones diplomáticas estadounidenses que publicó EL PAÍS mostraban que el vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores de Panamá, Juan Carlos Varela, expresó su preocupación sobre el proyecto ante una delegación de congresistas, según la transcripción de la Embajada estadounidense. “El proyecto de ampliación del canal es un desastre”, aseguran que dijo en un almuerzo el 29 de diciembre de 2009, poco después de la adjudicación. "En dos o tres años será obvio que ha sido todo un fracaso", le entrecomillaban. Varela también expresó sus serias dudas el 3 de enero de 2010 en una conversación en la que participó el número dos de la embajada de EE UU. “Uno no hace chapuzas con algo tan importante como el Canal. Cuando uno de los licitadores hace una oferta 1.000 millones de dólares inferior a la del siguiente, hay algo que está muy mal”, aseguran que dijo. Los cables mostraban cómo la diplomacia de EE UU intentó sin éxito evitar que Sacyr lograse las obras del Canal y abogó “implacablemente” para que el elegido fuera Bechtel, frente a Sacyr y al consorcio de ACS y FCC, que también participó.

Ante el órdago del consorcio, cabe la posibilidad de una negociación para rectificar los términos del contrato o la rescisión del mismo, lo que a su vez podría dar lugar a una larga batalla en los tribunales. 

Fuente: el país