El Gobierno aprueba la reforma legal que permite la reapertura de Garoña
Nuclenor considera «muy positivo» el reglamento que desbloquea el cese definitivo de licencia de las instalaciones atómicas cerradas que sean seguras
Nuclenor ya lo tiene. El decreto que la empresa gestora de Santa María de Garoña esperaba para volver a poner en marcha la central nuclear «antes de fin de año» llegó ayer. El Consejo de Ministros aprobó el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) que permitirá a la planta atómica de Burgos solicitar la renovación de su licencia de actividad antes del próximo 6 de julio y abrir en cuanto estén listas las reformas pendientes. Los propietarios de la central, participada a partes iguales por Iberdrola y Endesa, consideraron la noticia como «muy positiva», aunque recordaron que «la última palabra» no la tendrán ni ellos ni el Gobierno, sino el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el organismo encargado de evaluar el estado de las instalaciones y fijar las condiciones dereapertura.
El anuncio del Gobierno llegó justo una semana después de que se conociera una sentencia de la Audiencia Nacional a un recurso de Greenpeace contrario a la recuperación de la central. El alto tribunal rechazó la propuesta de la organización ecologista al considerar que las instalaciones están cerradas desde julio de 2013, cuando el Gobierno se vio forzado a firmar su cierre ante la falta de pasos por parte de sus propietarios para ponerla en marcha. Parecía que no había vuelta atrás.
Legislación a la carta
Desde hace más de un año, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha dado múltiples pasos encaminados a reabrir la central para seis años más y las electricas propietarias los habían rechazado, porque no veían «viabilidad económica» al proyecto con las nuevas tasas contempladas en la reforma energética. Parecía un callejón sin salida, pero no lo era.
El Gobierno se guardaba una doble baza. La primera llegó en septiembre del año pasado, cuando el PP llevó a la comisión de Hacienda del Congreso un paquete de enmiendas a la ley de Medidas de Fiscalidad Ambiental, que libró a Garoña de pagar por la producción de residuos y combustible nuclear gastado. El Ministerio de Industria, se anunció, estaba dispuesto a realizar «todas las modificaciones normativas que sean necesarias» para que Garoña reanudara su actividad. Faltaba una herramienta que posibilitara la reapertura después del cierre y llegó ayer.
El reglamento que ha aprobado ahora el Gobierno introduce la posibilidad de que, tras la declaración de cese de actividad de una instalación nuclear, su titular pueda volver a solicitar la renovación de la autorización de explotación. La norma tiene una única salvedad: «que existan razones de seguridad que lo impidan y siempre que no haya transcurrido más de un año desde la declaración de cese». Justo lo que necesitaba Nuclenor.
El proceso se acelera
Otra vez el 6 de julio, como el año pasado, queda marcado en el calendario como la fecha clave en la que los propietarios de Garoña deberán pronunciarse. De momento, por lo poco que dijeron ayer, les gusta cómo suena la música que viene desde el Ministerio que dirige José Manuel Soria. Nuclenor anunció ayer que valorará las posibilidades que se abren ahora para pedir la reanudación de la actividad de la central, pero que la valoración que hacen de lo conocido es «muy positiva».
Nuclenor recordó ayer que durante este tiempo de parada, además de «mantenerse la totalidad de la plantilla», la empresa ha seguido desarrollando «las actividades necesarias para mantener la instalación en las mejores condiciones que garantizan su seguridad y su capacidad para volver a funcionar». La compañía que dirigen Iberdrola y Endesa confía en volver a abrir para octubre o noviembre de este año. Greenpeace no piensa lo mismo, tras la sentencia de la Audiencia Nacional. El proceso va rápido. En las próximas semanas se sabrá más.
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