Merodean los buitres...

Salvamento Marítimo, tocado

Económicamente, la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo (Sasemar) puede llegar en poco tiempo a una situación tal que, de no mediar el Gobierno, podría llegar si no a desaparecer, sí a prescindir de muchas de las posibilidades operativas de las que actualmente dispone.

Nacida para prestar servicio a todo cuanto buque o artefacto navegue por nuestros mares o aquellos otros de zona SAR vecinos y pase por circunstancias anómalas o de peligro, Sasemar parece haber entrado en esa etapa en la que, más que definición de funciones, precisa de un sostén económico que le permita la subsistencia.

Centros de coordinación de salvamento, buques remolcadores y polivalentes, embarcaciones rápidas, aviones y helicópteros, así como el personal necesario para atenderlos, precisan de medios económicos para que el servicio a la gente de mar continúe prestándose con, cuando menos, las mismas garantías y eficiencia que hasta ahora.

Al parecer, la sociedad arrastra un desvío económico en su presupuesto del orden de los 30 millones de euros, al que la Dirección general de la Marina Mercante -padre de la criatura y cuyo director es, per se, presidente de Sasemar- ha de hacer frente si se desea mantener un servicio hoy por hoy indispensable y que, para una costa como la gallega, resulta imprescindible.

Como publicaba el pasado día 1 de febrero este periódico, el Gobierno decidió duplicar la actual tasa de ayudas a la navegación con el objetivo de que los servicios que actualmente presta Salvamento Marítimo sean sufragados por sus usuarios. La nueva tasa será de aplicación a todos los buques o embarcaciones; pero la mayor aportación recaerá, al parecer, en las embarcaciones deportivas dado el carácter no profesional de las mismas.

Se pretende que Salvamento Marítimo ingrese cerca de diez millones de euros al año, cantidad que sumada a la partida incluida en los Presupuestos del Estado para el mismo fin (sufragar los gastos derivados de la prestación de servicios en la mar) puede hacer que el Salvamento Marítimo tenga garantías de permanencia en un país que, aún a pesar de vivir de espaldas al mar, sigue teniendo muchos kilómetros de costa y obligaciones impuestas que no se preveían en el momento de su creación, como es atender a aquellos que intentan acceder a las costas españolas procedentes de África, o colaborar en países de inmigrantes para evitar la salida en origen de los mismos.

Sasemar ha crecido exponencialmente como servicio público. Pero los gastos, también.

En la mar es necesaria su presencia y el Gobierno está en la obligación de prestar esta función que, cuando menos, permite la esperanza de ser rescatado en un momento de dificultad. 

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