Ni caso

Paulino Rivero fracasa en el intento de que Repsol deje los sondeos en Canarias

El presidente canario se reúne con Antonio Brufau, presidente de la petrolera

Soria prevé que Canarias reciba 300 millones con el negocio del petróleo

El presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha pedido formalmente al de Repsol, Antonio Brufau, que suspenda las prospecciones en aguas canarias. Los dos se reunieron en la sede del Ejecutivo regional en Madrid con el objetivo de acercar posiciones. El primero quería “sensibilizar” a Brufau. El segundo, convencer al primero de los beneficios que tiene para el archipiélago. Pero sus posturas acabaron tan distanciadas o más de lo que estaban en la partida.

“Mi objetivo era que Repsol no continúe el proyecto y, al menos, que espere hasta que podamos alcanzar un acuerdo entre las instituciones [gobiernos canario y central]”, aseguró Rivero tras la reunión, que apenas duró una hora y en la que certificó su oposición por el impacto negativo para la isla. “Le hemos asegurado que Repsol pondrá todos los medios para garantizar el respeto medioambiental y que el proyecto es muy rentable para Canarias y España, de tener éxito se haría una inversión de más de 13.000 millones”, le replicó Brufau.

Rivero destacó que el Ejecutivo canario va a seguir “firme” con todas las decisiones que estén en su mano (jurídicas, políticas y sociales) para evitarlo. También advirtió de que el asunto está creando un fuerte “desafecto” entre Canarias y el Ejecutivo central, lo que, a su juicio, exige que Mariano Rajoy tome cartas en el asunto y “asuma el rol que le corresponde”. Rivero, en ese sentido, ha solicitado una reunión formal con el presidente del Gobierno .

Con el mismo objetivo de lograr su apoyo para que las prospecciones no se lleven a cabo, Rivero se entrevistó por la mañana con el presidente de CaixaBank, Isidro Fainé, principal accionista de Repsol junto con Sacyr, con cuyo presidente, Manuel Manrique, estuvo a principios de mes. Según Rivero, le mostraron su preocupación por la evolución del asunto. Mientras, Brufau acudirá este martes a Canarias para reunirse con la Confederación Canaria de Empresarios y la Cámara de Comercio para explicar el proyecto con fines bien distintos a Rivero.

Repsol va acompañado en este proyecto con Woodside Energy Iberia y RWE Dea AG y tiene previsto pinchar nueve zonas del Atlántico situadas entre las islas de Fuerteventura y Lanzarote y la mediana imaginaria que divide las aguas españolas de las marroquíes, donde también están trabajando otras empresas.

La reunión, que se celebró a petición de Brufau, se produjo en un clima caliente que avivó por la mañana el ministro de Industria, el canario José Manuel Soria, enfrentado desde hace tiempo a Rivero. El ministro dijo que, si finalmente se encuentra crudo, el proyecto puede generar entre 300 y 400 millones de beneficios fiscales al imponer el 8%, como en Italia. Eso significa que ganaría entre 3.750 y 5.000 millones y produciría unos 50 millones de barriles anuales. Las estimaciones de Repsol fijan la probabilidad de encontrar hidrocarburos en calidad y cantidad para tener éxito en un 19% en el caso del pozo Sandía y del 17% en el Chiromoya, los dos en los que se va a sondear.

El proyecto, que superó la prueba de impacto mediambiental del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, debe ser aprobado por Industria, al que las partes implicadas deben presentar alegaciones en un plazo de 10 días. Una vez se firme la resolución será la empresa quien decida cuándo llevar a cabo el proceso, que según las previsiones, sería en octubre. Además, el Tribunal Supremo desestimó siete recursos planteados por la Administración canaria y grupos ecologistas contra el Real Decreto del Gobierno de marzo de 2012. En 2012, el Supremo ya había avalado las prospecciones cuando rechazó el recurso de reposición interpuesto por el Gobierno de Canarias.Repsol obtuvo los primeros permisos para estudiar la potencia petrolífera de esos fondos marinos en 2001, pero el Supremo los anuló porque no contaban con las medidas ambientales exigidas por la ley. El Gobierno revisó esa decisión en marzo de 2012, pero se encontró con la oposición del Ejecutivo autonómico, las organizaciones ecologistas y una gran parte de la opinión pública canaria.

Los detractores consideran que las prospecciones causarán un gran impacto medioambiental en Lanzarote y Fuerteventura, dos islas declaradas Reservas de la Biosfera por la Unesco y sobre especies amenazadas muy vulnerables como tortugas y cetáceos. A ello se suman negativas repercusiones socioeconómicas sobre la actividad pesquera y turística.

Tras esa decisión, el Parlamento canario aprobó la petición de competencias al Estado para convocar una consulta popular vía referéndum. Una semana después Coalición Canaria y Nueva Canarias registraron dos proposiciones no de ley reclamando al Gobierno central una consulta popular. El PP recuerda que en el programa electoral de Coalición Canaria, así como el de su socio en el Gobierno, el PSOE, se defendían las prospecciones. 

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