“Hay motivos para creer que los delitos de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales afectando a los intereses financieros, o de otra índole, de la Unión Europea han sido cometidos” en Gibraltar. Ésta es la principal conclusión de la investigación desarrollada durante el último año por la OLAF, la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude, sobre el presunto papel del Peñón como base para actividades ilícitas y evasión fiscal.
En una carta remitida el pasado mes de julio al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales del ministerio español de Hacienda, los responsables de la OLAF, con sede en Bruselas, dan cuenta de que se ha completado la investigación sobre el contrabando de tabaco y el blanqueo de capitales en la colonia británica y que, como consecuencia de la misma, se ha recomendado la apertura de diligencias judiciales tanto a España como al Reino Unido.
En concreto, la OLAF se ha dirigido a la Fiscalía General del Estado española para que inicie “las correspondientes diligencias judiciales en relación al contrabando de tabaco desde Gibraltar y el blanqueo de capitales”; y al representante permanente del Reino Unido en la UE, para que “transmita a las autoridades gibraltareñas” la misma recomendación.
La OLAF abrió su investigación a iniciativa española y sus inspectores han estado tres veces en Gibraltar: en septiembre del año pasado y en julio de este año, dentro de una misión más amplia de la Comisión Europea que inspeccionó las colas en La Verja; y en marzo pasado, en una visita específica.
El reconocimiento europeo de que existe esta actividad delictiva y de que debe ser investigada judicialmente constituye un triunfo para el Gobierno español, que justifica los controles aduaneros en La Verja por la necesidad de luchar contra el contrabando de tabaco y denuncia, además, que el régimen fiscal gibraltareño facilita el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.
Para España, los más de 110 millones de cajetillas de tabaco importadas por Gibraltar en 2012 y los 117 millones de 2013 no se corresponden con su población (menos de 30.000 habitantes) y constituyen la prueba palpable de que gran parte de esta mercancía se desvía al contrabando. “Cada gibraltareño, incluidos niños de pecho, debería fumarse nueve cajetillas diarias”, comentan con sorna fuentes gubernamentales españolas. Por su parte, el Gobierno gibraltareño alega que el tabaco es comprado por los millones de turistas que visitan cada año la Roca, aunque reconoce la existencia de un problema de contrabando que asegura combatir.
“El contrabando se acabaría de golpe si la cajetilla costase lo mismo a ambos lados de La Verja”, replican fuentes gubernamentales españolas, quienes recuerdan que el 19% del PIB de Gibraltar y el 33% de su presupuesto procede de la venta de tabaco. Entre enero y mayo de este año, las importaciones se han reducido de 54 a 36 millones de cajetillas, pero ello se ha debido, según las mismas fuentes, al incremento de las aprehensiones: de 636.499 cajetillas en 2012 a 971.403 en 2013. Hasta mayo de este año se han incautado 295.698, según datos de aduanas.
“El único objetivo que está buscando España es que se cumpla la legalidad internacional y la legislación comunitaria. Seguimos proponiendo la puesta en marcha de grupos ad hoc [de composición variable] para resolver los asuntos pendientes”, declaró ayer el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo.
Y es que el contrabando de tabaco y el fraude fiscal es sólo uno de los muchos frentes abiertos entre España y Reino Unido en las instituciones europeas, a las que han trasladado su contencioso sobre Gibraltar. Recientemente, la Dirección de Medio Ambiente de la Comisión Europea concluyó que, en contra de las pretensiones españolas, ni el lanzamiento de 70 bloques de hormigón en la bahía de Algeciras, supuestamente para crear arrecifes artificiales; ni la práctica del bunkering (venta de combustible desde gasolineras flotantes); ni el relleno con arena de la costa este del Peñón vulneraban, en principio, la legislación comunitaria. España no ha se ha dado por satisfecha con esta conclusión y ha prometido que presentará nuevas alegaciones.
La principal batalla se libra, no obstante, en torno a los controles de entrada y salida del Peñón, que Londres y Gibraltar consideran excesivos y a los que atribuyen intencionalidad política. El Gobierno de Fabian Picardo se ha quejado a Bruselas de la última medida adoptada por España: la creación de una tarjeta especial para agilizar el tránsito de los trabajadores transfronterizos --es decir, de los 6.000 españoles que trabajan en Gibraltar y de los escasísimos gibraltareños que lo hacen en los municipios gaditanos circundantes--, al permitirles utilizar el carril menos saturado. Además, España ha anunciado el inicio de obras para mejorar las instalaciones aduaneras en La Verja por un coste de siete millones de euros.
Para las autoridades del Peñón, la prioridad otorgada a los trabajadores transfronterizos es discriminatoria, pues margina a residentes de ambos lados de la frontera, turistas, enfermos, ancianos o niños. Tras las visitas de los inspectores comunitarios, Picardo ha pedido que la UE tenga observadores permanentes en La Verja. Y es que, sostiene, cuando acuden los inspectores europeos las colas desaparecen.
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