Bruselas considera ilegales las ayudas de 290 millones a los astilleros lusos
La Comisión Europea dictaminó hoy que las ayudas concedidas por el Estado luso entre 2006 y 2011 a los astilleros navales públicos portugueses de Viana do Castelo, valoradas en 290 millones de euros, fueron "ilegales".
La decisión, divulgada por el organismo comunitario en Lisboa, se produce como consecuencia de la investigación abierta por la Dirección General de Competencia en 2013 sobre estas ayudas, que llevó al actual Gobierno luso -de distinto signo al que aprobó las subvenciones- a suspender el proceso de privatización.
"Las medidas distorsionan la competencia en el mercado único, en violación de las reglas de auxilios de un Estado de la UE", reza el informe elaborado por Bruselas, en el que se precisa que la empresa pública Astilleros Navales de Viana do Castelo está "obligada a devolver el valor" recibido.
Sin embargo, la compañía fue extinguida por orden del Ejecutivo luso, lo que en opinión del ministro de Defensa, José Pedro Aguiar-Branco, supone en la práctica que no pueda devolverlo.
"La empresa era propiedad del Estado y estaría obligada a devolver los 290 millones de euros al mismo Estado. Como la empresa se extinguió, hoy no hay esa obligación, no hay posibilidad de recuperar ese dinero", argumentó el ministro hoy en una rueda de prensa sobre el fallo de Bruselas.
De hecho, la investigación de la Comisión concluyó que las obligaciones de la firma Astilleros Navales de Viana do Castelo no pasan a West Sea, el grupo privado que venció el concurso público lanzado para vender los activos de la primera.
"Como West Sea sólo adquirió una parte de los activos y los compró en condiciones de mercado y en un concurso abierto a la competencia, la Comisión concluye que no es sucesor económico" de su predecesora, de acuerdo con el comunicado, donde no se precisa qué debería ocurrir con esos 290 millones de euros.
Aguiar-Branco se mostró orgulloso de la solución encontrada por el Ejecutivo para el futuro de estos astilleros, hoy todavía en funcionamiento -aunque con un número de trabajadores sensiblemente inferior por el momento-, y recordó las críticas que recibió entonces por la subconcesión a un grupo privado.
"Sin esa solución se habría perdido todo. Habría desaparecido la empresa, la capacidad para construcción naval en la zona, y los trabajadores no habrían encontrado empleo", argumentó.
FuenteLa decisión, divulgada por el organismo comunitario en Lisboa, se produce como consecuencia de la investigación abierta por la Dirección General de Competencia en 2013 sobre estas ayudas, que llevó al actual Gobierno luso -de distinto signo al que aprobó las subvenciones- a suspender el proceso de privatización.
"Las medidas distorsionan la competencia en el mercado único, en violación de las reglas de auxilios de un Estado de la UE", reza el informe elaborado por Bruselas, en el que se precisa que la empresa pública Astilleros Navales de Viana do Castelo está "obligada a devolver el valor" recibido.
Sin embargo, la compañía fue extinguida por orden del Ejecutivo luso, lo que en opinión del ministro de Defensa, José Pedro Aguiar-Branco, supone en la práctica que no pueda devolverlo.
"La empresa era propiedad del Estado y estaría obligada a devolver los 290 millones de euros al mismo Estado. Como la empresa se extinguió, hoy no hay esa obligación, no hay posibilidad de recuperar ese dinero", argumentó el ministro hoy en una rueda de prensa sobre el fallo de Bruselas.
De hecho, la investigación de la Comisión concluyó que las obligaciones de la firma Astilleros Navales de Viana do Castelo no pasan a West Sea, el grupo privado que venció el concurso público lanzado para vender los activos de la primera.
"Como West Sea sólo adquirió una parte de los activos y los compró en condiciones de mercado y en un concurso abierto a la competencia, la Comisión concluye que no es sucesor económico" de su predecesora, de acuerdo con el comunicado, donde no se precisa qué debería ocurrir con esos 290 millones de euros.
Aguiar-Branco se mostró orgulloso de la solución encontrada por el Ejecutivo para el futuro de estos astilleros, hoy todavía en funcionamiento -aunque con un número de trabajadores sensiblemente inferior por el momento-, y recordó las críticas que recibió entonces por la subconcesión a un grupo privado.
"Sin esa solución se habría perdido todo. Habría desaparecido la empresa, la capacidad para construcción naval en la zona, y los trabajadores no habrían encontrado empleo", argumentó.
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