Siguen a la gresca

España y la UE mantienen abierto el expediente del viejo 'tax lease' del sector naval

Los expedientes de la Unión Europea son como el manto de Penélope y toda una odisea. Se tejen y destejen de tal forma que las carpetas parecen abiertas indefinidamente y se acumulan sin freno. Algo así sucede ahora con el contencioso entre España y la UE por el viejo 'tax lease' que se aplicaba en el sector naval y que fue declarado ilegal en el verano de 2013. Desde entonces, los funcionarios comunitarios y los del Ministerio español de Hacienda se han enzarzado en una discusión sobre la cuantía exacta de los impuestos que se ahorraron de forma irregular quienes actuaron como intermediarios en la construcción de los buques. El Gobierno español sigue considerando que esa cifra debe cuantificarse en 126 millones, mientras que la Comisión cree que debe ser más, aunque no dice cuánto. 

Aquel 'tax lease' ilegalizado combinado con la libertad de amortización que se concedía a las empresas navieras con sede en Canarias generaba un auténtico "malabarismo tributario", que permitía rebajar el precio final de los buques entre un 20% y un 30% cuando llegaban a manos del armador. Una tasa de 'ahorro' que las autoridades de la UE consideraron excesiva porque, sostenían, no era alcanzable para operaciones que se hacían en astilleros de otros países. Otra cosa es que, de acuerdo a lo que aún sostienen los astilleros españoles, en algunos países -especialmente Holanda- se han hecho cosas aún peores mientras la UE miraba para otro lado o simplemente no veía lo que pasada justo por delante de sus narices.

Afortunadamente para el sector naval español existe una nueva regulación de ayudas fiscales a la construcción de buques que se ha revelado efectiva y que, ahora sí, cuenta con seguridad jurídica ya que la Comisión Europea la ha respaldado. Fruto de esa solidez legal -que tiene unas enormes implicaciones financieras-y también de una cierta recuperación en la demanda, los astilleros españoles han conseguido mantenerse a flote e incluso comenzar a pensar en un futuro tranquilizador a medio plazo. Desde el verano de 2013, cuando se ilegalizó el antiguo 'tax lease', el nuevo marco jurídico de ayudas fiscales a la construcción naval ha permitido albergar la contratación de 18 buques nuevos en España. Todo un balón de oxígeno que además de permitir el mantenimiento del empleo asociado a la construcción naval, permite a los astilleros ganar tiempo para buscar nuevos nichos de mercado sobre los que edificar su propio futuro de largo plazo.

"Si hay armadores dispuestos a encargar barcos, hay inversores dispuestos a financiarlos", aseguran a EL CORREO fuentes ligadas a este sector. Esto es, se ha producido un giro de 180 grados en la coyuntura que envuelve al sector. Durante buena parte de 2012 y la primera mitad de 2013, con la espada de Damocles sobre los astilleros españoles, la contratación se paró, los armadores pusieron rumbos a otros lares y desaparecieron del mercado los financiadores. Esto es, las empresas intermediarias que hacen posible el complejo juego del 'tax lease'. Hoy, aseguran las mismas fuentes, los inversores han vuelto, tienen confianza e incluso se ha generado una corriente favorable que ha permitido que entren nuevos actores dispuestos a jugar ese papel.

Si la resolución del expediente de las viejas ayudas sigue abierto, lo mismo sucede con la pelea que los astilleros españoles mantienen con los holandeses. La Comisión resolvió recientemente que el 'tax lease' que aplica ese país es "legal", pero mantiene abierto el análisis porque las empresas españolas han presentado documentación adicional para reforzar la tesis de que no es oro todo lo que reluce en el país de los tulipanes. Pero, a la vista está, las cosas de Bruselas van despacio.

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