La UE investiga un aumento de 95 millones en el coste de la obra en punta Langosteira
Bruselas estudia si el modificado del proyecto contraviene la normativa europea al carecer de un informe del Consejo de Estado
La Unión Europea ha solicitado información a Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria sobre la aprobación del sobrecoste de punta Langosteira en 95 millones de euros sin pedir un informe al Consejo de Estado. El puerto coruñés, cuyo presupuesto no ha dejado de dispararse desde el inicio de las obras en 2004, sostiene ante las autoridades comunitarias que su actividad no se rige por la ley de contratos públicos, sino por la norma sobre contratos de sectores excluidos que, como en este caso, es un ente público que se rige por el derecho privado.
El interés de las autoridades comunitarias sobre el modificado del proyecto nació tras la denuncia de un particular desde la ciudad, el mismo que ya había cuestionado ante Bruselas varias partes del proceso de contratación de un proyecto que desde su gestación ha visto cómo su presupuesto aumentaba desde los 479 millones de euros iniciales hasta los 798 actuales, si bien su coste final podría alcanzar los 1.000, cinco veces más que su principal competidor, el puerto exterior de Ferrol, que costó 183.
Los 95 millones de sobrecoste que ahora quiere investigar la UE se refieren al acuerdo que tomaron Ministerio de Fomento y Autoridad Portuaria en diciembre de 2009 para fijar el montante final de un préstamo y que fue ratificado luego en el Consejo de Administración.
La obra contratada ascendía entonces a 370 millones, sin IVA, pero el puerto coruñés indicó que era preciso aumentar la factura en 99 millones: 53,3 para mejorar la seguridad de los trabajadores, 16 para la solución del morro, el martillo y otras cuestiones técnicas, y el resto para ampliar la zona destinada a canteras. Finalmente, acordaron fijar la cifra en 95 millones.
Si las actuaciones de la Autoridad Portuaria estuviesen regidas por la Ley de Contratos de las Administraciones públicas, tal y como asegura la denuncia ante Bruselas, la entidad habría tenido que enviar el proyecto modificado y su ampliación del presupuesto al Consejo de Estado. Y es que la norma estipula que, si el sobrecoste supera el veinte por ciento de las cuentas iniciales, como es el caso, este organismo tendría que fiscalizar la decisión.
Al entender que las administraciones habían actuado de forma irregular, la denuncia del particular se dirigió a la Dirección General de Política Regional. La Comisión Europea tiene que valorar si la actuación de Fomento y Puertos contraviene la normativa que Europa impone para estos casos.
Ya en aquel momento, Puertos del Estado replicó ante la UE que no es la ley de contratos públicos la que rige su actividad. Después de que el diario El País revelase la investigación, la Autoridad Portuaria reiteró que "el contrato se hizo de acuerdo con todos los trámites que hay que cumplir".
Un portavoz del puerto coruñés añade que el proceso se realizó con el fundamento de los informes jurídicos de Autoridad Portuaria y Puertos del Estado y explica que el proyecto fue aprobado por el Consejo de Administración con el apoyo de Fomento.
La Autoridad Portuaria alega, al igual que ya lo había hecho Puertos, que su actividad se basa en la ley 48/1998, que regula los contratos de sectores excluidos (agua, energía y transportes), "con lo cual no precisa" el citado informe.
Tras 20 meses de incertidumbre, la UE confirmó que sería el financiador de la dársena exterior. Fue en noviembre de 2005 cuando la Comisión Europea anunció que firmaría la concesión de 257,5 millones procedentes de los fondos de cohesión.
La Autoridad Portuaria confía en terminar la obra en plazo, fijado para otoño tras obtener el año pasado obtuviese un crédito de otros 240 millones por parte del Ministerio de Fomento.
Ésta no es la primera investigación sobre el proyecto. En 2005 el Tribunal de Cuentas analizó la adjudicación a Dragados, así como el Defensor del Pueblo Europeo. También denunció al Puerto la asociación ecologista WWWF Adena.
Fuente: Faro de Vigo
El interés de las autoridades comunitarias sobre el modificado del proyecto nació tras la denuncia de un particular desde la ciudad, el mismo que ya había cuestionado ante Bruselas varias partes del proceso de contratación de un proyecto que desde su gestación ha visto cómo su presupuesto aumentaba desde los 479 millones de euros iniciales hasta los 798 actuales, si bien su coste final podría alcanzar los 1.000, cinco veces más que su principal competidor, el puerto exterior de Ferrol, que costó 183.
Los 95 millones de sobrecoste que ahora quiere investigar la UE se refieren al acuerdo que tomaron Ministerio de Fomento y Autoridad Portuaria en diciembre de 2009 para fijar el montante final de un préstamo y que fue ratificado luego en el Consejo de Administración.
La obra contratada ascendía entonces a 370 millones, sin IVA, pero el puerto coruñés indicó que era preciso aumentar la factura en 99 millones: 53,3 para mejorar la seguridad de los trabajadores, 16 para la solución del morro, el martillo y otras cuestiones técnicas, y el resto para ampliar la zona destinada a canteras. Finalmente, acordaron fijar la cifra en 95 millones.
Si las actuaciones de la Autoridad Portuaria estuviesen regidas por la Ley de Contratos de las Administraciones públicas, tal y como asegura la denuncia ante Bruselas, la entidad habría tenido que enviar el proyecto modificado y su ampliación del presupuesto al Consejo de Estado. Y es que la norma estipula que, si el sobrecoste supera el veinte por ciento de las cuentas iniciales, como es el caso, este organismo tendría que fiscalizar la decisión.
Al entender que las administraciones habían actuado de forma irregular, la denuncia del particular se dirigió a la Dirección General de Política Regional. La Comisión Europea tiene que valorar si la actuación de Fomento y Puertos contraviene la normativa que Europa impone para estos casos.
Ya en aquel momento, Puertos del Estado replicó ante la UE que no es la ley de contratos públicos la que rige su actividad. Después de que el diario El País revelase la investigación, la Autoridad Portuaria reiteró que "el contrato se hizo de acuerdo con todos los trámites que hay que cumplir".
Un portavoz del puerto coruñés añade que el proceso se realizó con el fundamento de los informes jurídicos de Autoridad Portuaria y Puertos del Estado y explica que el proyecto fue aprobado por el Consejo de Administración con el apoyo de Fomento.
La Autoridad Portuaria alega, al igual que ya lo había hecho Puertos, que su actividad se basa en la ley 48/1998, que regula los contratos de sectores excluidos (agua, energía y transportes), "con lo cual no precisa" el citado informe.
Tras 20 meses de incertidumbre, la UE confirmó que sería el financiador de la dársena exterior. Fue en noviembre de 2005 cuando la Comisión Europea anunció que firmaría la concesión de 257,5 millones procedentes de los fondos de cohesión.
La Autoridad Portuaria confía en terminar la obra en plazo, fijado para otoño tras obtener el año pasado obtuviese un crédito de otros 240 millones por parte del Ministerio de Fomento.
Ésta no es la primera investigación sobre el proyecto. En 2005 el Tribunal de Cuentas analizó la adjudicación a Dragados, así como el Defensor del Pueblo Europeo. También denunció al Puerto la asociación ecologista WWWF Adena.
Fuente: Faro de Vigo
No hay comentarios:
Publicar un comentario