Aparece el cazo

La UE reclama 250 millones por precios inflados en la obra del puerto de Gijón

La Oficina Antifraude denuncia irregularidades en la contratación y falta de control

La Autoridad Portuaria y las constructoras defienden el procedimiento seguido

La Oficina europea Antifraude (OLAF) ha diseccionado la obra de ampliación del puerto del Musel (Gijón). Tras una amplia investigación, la OLAF ha recomendado a la Comisión Europea que pida a España de vuelta los 198 millones de fondos europeos que aportó al proyecto y que no abone los 49,5 que aún tiene pendientes de transferir, según confirman Hacienda y la Autoridad Portuaria de Gijón. El informe, aún confidencial, critica el procedimiento de adjudicación, duda de los precios abonados por la piedra con la que se rellenó el puerto, censura la falta de control de España y denuncia que la UTE que construyó el puerto (de las empresas Dragados, FCC, Sato y Alvargonzález) obstaculizó la investigación. Las constructoras defienden el procedimiento y alegan que no conocen las conclusiones de la OLAF.

Según fuentes próximas a Bruselas, la OLAF ha detectado “irregularidades con la licitación pública”, “fallos serios en los sistemas de control y gestión”, “fallos en el pesado de los camiones”, “sospechas o indicaciones de información falsa respecto de la cantidad de material transportado”, “precios diferentes para la piedra al acordado, incluyendo piedras otorgadas de forma gratuita” y “ausencia de controles por parte de las autoridades nacionales, sobre todo en las cantidades y precio de las piedras”. La OLAF incluso recomienda a España que pida la devolución de todo lo que pagó.

El dique Torres desafía el Cantábrico a mar abierto bajo el Cabo de Torres. Es viernes y tiene poca actividad. Un barco carga carbón. La regasificadora está hibernada por falta de demanda. Sí hay movimiento en los antiguos muelles. “Es descomunal y está casi vacío. Para esto no hacía falta tanto puerto”, opina sobre el muelle Enrique Fernández Menéndez, un ingeniero de minas que como asesor parlamentario de Los Verdes denunció la obra en Bruselas.

Hace una década, cuando la economía rugía, el puerto se quedó pequeño para los barcos que traían hierro para Arcelor. Entonces se planteó la ampliación: un nuevo dique de 1.566 metros. En 2005 la obra fue adjudicada por 500 millones a una Unión Temporal de Empresas en la que estaban Dragados (del Grupo ACS), FCC, Sato y Alvargonzález Contratas.

El principal coste del proyecto fue la piedra, ya que hacían falta enormes cantidades para ganar terreno al mar. El proyecto incluía que saldría de la cantera de Aboño, a solo dos kilómetros del puerto y la que tradicionalmente se ha usado para las sucesivas ampliaciones del Musel. La Autoridad Portuaria de Gijón se comprometía a pagar 7,3 euros por metro cúbico de piedra de esa cantera. La Comisión Europea siempre puso reparos a la forma de licitación, ya que consideraba que podía beneficiar a la UTE en la que estaba Sato porque poseía un 30% de la cantera.

Fernando Menéndez Rexach, que presidió la Autoridad Portuaria entre 2004 y 2011, defiende que fue justo lo contrario, que daba más competencia porque garantizaba que la cantera estaba disponible para quien ganara la obra. Pese a las reticencias, Bruselas accedió a cofinanciar la obra con 250 millones. En 2007, la Autoridad Portuaria aceptó, con el visto bueno de la Abogacía del Estado, pagar 216 millones de sobrecoste al considerar que habían surgido imprevistos con la piedra.

En 2008, con la obra en marcha, un eurodiputado vasco presentó una denuncia en nombre del grupo nacionalista Andecha Astur. Los Verdes también habían llevado el caso a Bruselas. Alegaban que la mayoría de la piedra no había salido finalmente de la cantera de Aboño, sino que incluso parte había sido trasladada desde León con un coste mucho mayor, pese a que la cantera más cercana al puerto no estaba explotada del todo.

La OLAF puso su maquinaria en marcha. En julio de 2012, los inspectores llegaron al Puerto de Gijón. Y hace unas semanas enviaron su duro informe a la Comisión Europea, Hacienda, Puertos y a la Fiscalía Anticorrupción.

Según fuentes que han tenido acceso al documento, la OLAF considera que la mayoría de la piedra no salió de Aboño, sino que unos 24 millones de toneladas (el 75% del total) procedió de otra cantera situada a cuatro kilómetros. La UTE conseguía la piedra gratis porque era desecho de cantera (restos de las voladuras que no se pueden usar para cemento) y aun así la Autoridad Portuaria pagó al precio acordado inicialmente. Sin embargo, cuando por urgencia hubo que traer piedra de León, la Autoridad Portuaria pagó hasta 44 euros por metro cúbico, seis veces más de lo previsto inicialmente.

La OLAF tampoco entiende que el puerto aceptara pagar 216 millones de más cuando la mayor parte de la piedra era gratis para la empresa (aunque el mayor coste siempre es el traslado).

Menéndez Rexach lamenta que sus argumentos en tantas reuniones en Bruselas no hayan calado y desliza que el informe arma un caso “simbólico contra la obra pública en España. [...] Pone en duda todo el sistema de obra pública español”. El expresidente del puerto esgrime una lista de informes favorables de la Abogacía del Estado al procedimiento y que la Fiscalía Anticorrupción archivó en 2010 una investigación sobre los sobrecostes.

Menéndez Rexach muestra como prueba de que no hubo complicidad con la contratista que la obra finalmente se liquidó en 623,6 millones. Aunque es un 24% más de lo previsto inicialmente, son 92 millones menos del tope establecido cuando se aprobó el modificado.

El caso está tremendamente enredado. Mientras la OLAF apunta que las constructoras cobraron de más, la UTE ha demandado a la Autoridad Portuaria y le reclama el pago de otros 354 millones porque asegura que recibió menos dinero del que le corresponde debido, precisamente, a pagos por debajo de lo acordado por la piedra.

Un portavoz de ACS asegura que no pueden rebatir el informe de la OLAF porque no les ha llegado pero insiste en que la obra se realizó con un cumplimiento escrupuloso de la ley.

La Comisión Europea debe decidir ahora si, como teme el Gobierno español, hace caso a la recomendación de la OLAF y reclama el importe íntegro. Si el Gobierno decide defender el procedimiento, el caso podría acabar en el Tribunal de Justicia de la UE.

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