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Australia veta por dos años las actividades de grandes pesqueros de arrastre

El Gobierno de Australia aprobó hoy una ley por la que vetará durante dos años las actividades de los grandes pesqueros de arrastre en sus aguas territoriales, informan los medios locales.

La prohibición, que entrará en vigor a partir de medianoche, impedirá que el barco con bandera holandesa "Abel Tasman", uno de los arrastreros más grandes del mundo, comience a faenar en este país.

El pasado mes de septiembre, el ministro australiano de Medio Ambiente, Tony Burke, vetó las actividades del gran pesquero, anteriormente conocido como "Margiris", durante 60 días después de que el Parlamento australiano le otorgara poderes especiales para este asunto.

Durante los dos años que durará la nueva prohibición, Australia analizará el impacto ambiental que causaría en sus aguas la actividad comercial de los grandes pesqueros. La presencia del "Abel Tasman", que con 142 metros de eslora se convirtió en el mayor que ha entrado en aguas australianas, ha generado una serie de protestas centradas en torno a la cuota de captura de 18.000 toneladas de peces, así como la pesca accidental de delfines, focas, lobos marinos y otros animales protegidos. "Un barco de esta naturaleza nunca debió usarse en aguas australianas", declaró el ministro a la cadena ABC.

"Existe una gran incertidumbre sobre las consecuencias ambientales de este tipo de actividad", señaló el político australiano a los medios.

El comisionado de Comercio de la Unión Europea, Karel De Gutch, pidió, antes del anuncio del veto, una solución amigable ante el conflicto creado por el barco operado de manera conjunta por la empresa australiana "Seafish Tasmania" y una compañía holandesa, que han pedido que se les permita faenar durante doce meses bajo una serie de restricciones.

Por su parte, la Autoridad Australiana de Administración Pesquera considera que bajo unos estrictos límites de captura el "Abel Tasman" no causaría un impacto negativo en el ecosistema marino.

El ministro de Medio Ambiente admitió que el Gobierno no descarta que la medida motive una eventual demanda en los tribunales, pero defendió la "fuerte base legal" en que se apoya la medida.

Fuente: la verdad