Sea cual sea la decisión que adopte hoy el consejo de administración de Rottneros AB, el futuro de la planta de Miranda no será cuestión de un puñado de días, ni siquiera de un par de meses. La ciudad se manifiesta hoy contra el cierre de ésta y otras empresas de la ciudad. Para entonces es probable que la multinacional no haya tomado aún una determinación. Y aun cuando así fuera y sobre el supuesto del peor desenlace ni tan siquiera debería entenderse éste como «inamovible», tal y como advirtió en declaraciones a este periódico el director de la planta Gregorio Martín.
La negociación está abierta. Y la presión tiene también su hueco: un cierre «precipitado» no sólo no lo entenderían los trabajadores, tampoco las administraciones. EL CORREO ha tenido acceso al contenido de la carta que el secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado, envió a Ole Terlan, el pasado día 12, apenas horas después de la reunión mantenida en Madrid con representantes del comité de empresa de Rottneros Miranda y el alcalde Fernando Campo. La misma, redactada en tono conciliador y lógicamente diplomático, no obvia una insinuación muy concreta: el posible cese de actividad le saldrá muy caro a la corporación.
Porque Granado recuerda que tendría que «asumir los importantes costos que supone la descontaminación de los terrenos en los que en estos momentos tiene lugar la actividad industrial». Se hablaría de alrededor de 2 millones de metros cuadrados y de décadas de funcionamiento de 'ocupación'. Se sobrentiende que la inversión necesaria para limpiar ese suelo es ingente.
Nada se dice, al menos de momento, sobre otra situación histórica que también pudiera volverse en contra de la empresa. En la década de los 40 los terrenos fueron expropiados por el Gobierno de Franco en base a la formulación del 'interés general'. Fuentes consultadas por este periódico aseguraron que en la reunión mantenida en Madrid se llegó a barajar la opción de que esa misma exigencia legal de hace 70 años, tuviera otra lectura: la devolución de las parcelas afectadas «a sus dueños originales». Y eso aún cuando el valor del suelo siempre se ha visto como «el mejor activo» desde Suecia.
Si bien este planteamiento se ha obviado en la misiva, ésta si hace hincapié en otro hecho. Es la Junta de Castilla y León la que tiene que aceptar ese cierre. En este punto, con la cobertura de las administraciones, se podría llegar a la situación de no aceptarse acuerdo alguno y, por tanto, a la consideración como «improcedentes» de todos los despidos.
«Los costes del cierre de la compañía, que de acuerdo con la legislación española deberían ser aprobados por la Junta, afectarían no sólo al personal existente hoy (alrededor de 160 trabajadores en plantilla) si no también al personal jubilado en su día con arreglo a la denominada jubilación parcial con contrato de relevo», se expone.
Tanto el Estado como la Junta entienden que el consejo de administración no debería apresurarse en tomar una media. Granado dice, de hecho, que «Quiero trasladar una petición y es que la decisión que se adopte lo haga considerando todos estos factores. En un tiempo razonable podríamos presentar una propuesta que resultaría atractiva para la compañía si existe esta oportunidad».
Porque, tras valorar la información aportada, entiende que hay viabilidad. «Creo que un examen tranquilo de todos los elementos puede llevar a la consideración de que, tanto desde el punto de vista financiero, como económico, a medio plazo la compañía puede resolver los problemas mucho mejor con un plan de viabilidad acordado que con un cierre precipitado».
Líneas de ayuda
Y ¿cuáles han sido las propuestas concretas? A Ole Terlan, presidente y delegado ejecutivo de Rottneros AB, se le recuerda que «existen líneas» de apoyo gestionadas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que se dirigen a «financiar el capital circulante e inversiones de empresas afectadas por la crisis». Una alternativa, puntualiza, que llegaría «en condiciones muy favorables».
A esta fórmula se añade otra que se plantearía como complementaria. «La Administración de la Seguridad Social, por su parte, concede, cuando existan planes de viabilidad (aquí es donde está la clave) acordar aplazamientos en los gastos sociales que pueden llegar a varios años».
Y se añade una tercera línea posible de inversión; la de la cofinanciación de créditos de I+D+I a los que podrían acogerse los proyectos de las compañías «de puesta en marcha de nuevos productos -la referencia, en este caso, sería la planta de Silvipak, hoy con problemas de operatividad-; la puesta en marcha de cogeneración, de producción de energía eléctrica por otras vías y de reconversión industrial, a través de acuerdos pactados entre los ministerios de Industria y Trabajo y las comunidades autónomas».
El secretario de Estado, asimismo, refuerza en su mensaje redactado en inglés, la idea de que la continuidad de la planta es factible si se opta por alguno de los últimos procesos descritos puesto que se aseguraría la llegada de ayudas. Quedarían casi garantizadas, se viene a decir, por la implicación de otros ministerios y la propia Junta. «Conozco la buena disposición de otros departamentos y de la Junta Castilla y León para acordar con Rottneros este proceso», apunta.
El Ayuntamiento ha pedido la participación ciudadana en la manifestación de esta tarde. A ella se han adherido también los trabajadores de otras empresas como Montefibre o la central nuclear de Garoña. La Cámará, a través de un comunicado, instó también a los comercios a que cierren hoy a las 20.00. para favorecer la participación en la marcha.
Fuente: el correo
Acabo de leer esto en elotrolado.net y ya me he apuntado a la iniciativa. Espero que todos los que visitéis este blog lo hagáis, que es beneficioso para todos:
