"La enmienda es una cuestión voluntaria. En Internet no existe la seguridad de que la información sea cierta", asegura la eurodiputada socialista María Badía quien considera que "el exceso de información" es una de las causas que promueven la intoxicación de la Red. De ahí, que constituir un censo voluntario de bloggers pueda generar un efecto de confianza en el lector: "ya que tenemos un exceso de información, se intenta procurar que los usuarios puedan saber quienes son las fuentes", argumenta Badía quien destaca que dicho informe ha sido presentado por Marianne Mikko, eurodiputada estonia. La nacionalidad de Mikko puede ser una de las claves para entender el origen de esta propuesta, puesto que el flujo de información que ha circulado entre Estonia y Rusia siempre ha sido puesto en tela de juicio por motivos históricos y sus prolongadas crisis diplomáticas.
La aplicación de esta medida pasa más por una recomendación que por una directriz que pueda ser aplicada de forma efectiva, puesto que este tipo de regulación depende de la legislación de cada uno de los países miembros de la Unión Europea. No obstante, Europa pretende dejar constancia sobre los problemas de ética y privacidad que surgen ante los contenidos creados directamente por el usuario.
Mecanismos jurídicos vigentes
La gran maraña informativa que la Comisión esgrime en sus argumentos para crear un censo voluntario que sea síntoma de transparencia se basa en buena medida en la cantidad de bitácoras que en la actualidad habitan la Red. Según datos de Technorati, el motor de búsqueda de Internet que es referencia para buscar blogs, en la actualidad existen 112, 7 millones de blogs con una capacidad de crecimiento en auge de 120.000 bitácoras al día. Ante esta situación Europa aboga por nuevas medidas reguladoras, pero ¿realmente es necesario un censo voluntario para garantizar una información más fidedigna en el ámbito blogger?
Para Europa el paso supondría crear una nueva designación al igual que se cataloga un buen vino con su denominación de origen, pero desde el punto de vista práctico la jurisprudencia actual ofrece soluciones reales. Para Carlos Sánchez Almeida, del Bufet Almeida, especializado en nuevas tecnologías, la regulación española es suficiente: "no hay una regulación específica al respecto; la regulación que hay es el artículo 20 de la Constitución, el artículo 30 de la regulación penal de los delitos de prensa... se establece una escala de responsabilidad como cualquier medio informativo. Si bien, además añadir toda regulación específica de Internet 34/2002, la ley orgánica del derecho al honor o el derecho de rectificación...". Ante todas estas herramientas jurídicas Almeida considera que en el fondo de esta propuesta "se pretende acabar con el anonimato de Internet".
El matiz de voluntariedad de someterse a un censo resulta decisivo, puesto que si obtuviese la categoría de carácter obligatorio chocaría frontalmente con la normativa europea sobre el comercio electrónico 200/31/CE en la que se recoge en su artículo 4 el principio de no autorización previa: "Los Estados miembros dispondrán que el acceso a la actividad de prestador de servicios de la sociedad de la información no pueda someterse a autorización previa ni a ningún otro requisito con efectos equivalentes".
Un 'blogger' en el banquillo de los acusados
La utilidad de la medida propuesta en el seno de la Comisión Europea de Cultura y Educación del Parlamento Europeo también es cuestionada por Julio Alonso, director ejecutivo de WeblogsSL, la mayor red hispana de blogs: "En la mayor parte de los casos, ese efecto que persigue la Comisión ya lo tienes sin el registro. El 80% de la gente firma con nombre y apellidos, y además si quieres incluir publicidad en tu blog estás obligado por el registro de publicidad a identificarte".
Alonso se enfrenta este miércoles a un juicio por atentado contra el honor tras la publicación en abril de 2004 de un post en el que informaba en su blog sobre el lanzamiento de un Google Bombing contra la SGAE, un método por el cual es posible colocar ciertas webs en los primeros resultados de una búsqueda en Google utilizando un texto específico. En este caso, se estableció un enlace a la página de la SGAE con el título "ladrones".
La Sociedad General de Autores se puso en contacto con Julio Alonso para que retirase el post, Alonso comunicó a la entidad gestora "que se trataba de una información y les brindaba el derecho a réplica, pero la respuesta que me dieron es que la SGAE estaba siendo víctima de una conspiración en Internet". Alonso no cedió a las pretensiones de la entidad gestora y mañana se sentará en el banquillo de los acusados. La SGAE -que no ha querido hacer ningún tipo de declaración a ELPAÍS.com al considerar que se encuentra inmersa en un proceso judicial- le exige retirar el post, una indemnización de 9.000 euros y asumir las costas del juicio.
El director ejecutivo de WeblogSL se sienta en un banquillo cuando las sentencias emitidas al respecto son escasas, un hecho que para Alonso juega en su contra: "Al juez le tienes que explicar qué es un blog, qué es una URL o qué son los comentarios... la tendencia es aplicar la ley de prensa cuando el mecanismo de un medio de comunicación es distinto: hay directores de contenidos, redactores, editoriales todo lo que se publica forma parte de un proceso".
Fuente: El Pais
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