Conflicto con las empresas de practicaje DONMAR y ESEM.
La Agrupación Marítima Whitense realizó piquetes en los accesos al puerto de Ingeniero White sobre las avenidas Guillermo Torres y Vélez Sarsfield, entre las 6 y las 14 de ayer, para reclamar por un convenio de trabajo que alcance a los marineros de las empresas de practicaje Donmar y Esem.
Carlos Campestrini, presidente de la Agrupación, expresó que las dos empresas mencionadas son parte de un monopolio cuyo titular es Miguel Doñate, un armador que "castiga a los marineros a modo de revancha porque Omar Suárez, titular del SOMU --Sindicato Obreros Marítimos Unidos--, terminó con el negocio que él tenía en la hidrovía del Paraná, donde explotaba a los marineros y perjudicaba a empresas argentinas, creyéndose el dueño de todo eso y contratando mano de obra paraguaya a menor costo, sometiéndola a peores condiciones".
Campestrini señaló que, en Bahía Blanca, las empresas de practicaje utilizan la mitad del personal que otras firmas del mismo rubro emplean en otros puertos para realizar las mismas tareas.
"No puede ser que una sola persona tiene que hacer de marinero, de timón, de cocinero y ocuparse de la limpieza, durante 24 horas corridas. Para eso tienen que ser dos personas. Aquí, esas dos empresas ocupan 12 personas, las cuales son evidentemente insuficientes para la demanda que existe", dijo.
A su vez, recordó que cuando se llevaron a cabo paros de actividades en anteriores oportunidades, "Doñate rompió la huelga trayendo gente que no es de la localidad, ni de la ciudad ni de los partidos vecinos".
En este sentido recordó que hay resoluciones del Concejo Deliberante bahiense solicitando a las firmas portuarias tomar mano de obra local.
"Con estos antecedentes, no quisimos poner en peligro la fuente laboral de los trabajadores así que decidimos realizar cortes en los accesos al puerto, con el apoyo de otros marineros que integran nuestra agrupación", expresó Campestrini.
El movimiento de buques en el estuario local depende del funcionamiento de las empresas de practicaje, debido a que sus capitanes --llamados prácticos-- son los encargados de entrar y sacar a todas las embarcaciones que vienen a operar a nuestros puertos, según las normas vigentes.
"El temor que tenemos los marítimos es que la situación que existe con Donmar y Esem se extienda a otras empresas que no sean de practicaje, como las vinculadas a los buques tanque, petroleros o remolcadores, y dejen de firmar los convenios colectivos de trabajo, una herramienta que sirve a ambas partes para fijar obligaciones y derechos.
"Si no hay un convenio colectivo de trabajo, en cualquier actividad, se trabaja con las pautas que impone el patrón porque no hay nada pactado. Por ejemplo, en el convenio colectivo se fija que la empresa debe tomar gente de la bolsa de trabajo de la entidad que representa a los trabajadores", sostuvo Campestrini.
La medida de fuerza se realizó en el puerto local, según explicó el dirigente, porque Doñate "tiene un monopolio y no posibilita la firma de un convenio".
"Llegamos a esta instancia porque hemos cedido para llegar a un acuerdo y las empresas siguieron actuando de la misma manera, por ejemplo, trayendo gente en remís desde Necochea para trabajar en Ingeniero White", señaló.
En mayo pasado, los marineros realizaron un paro afectando a las empresas de practicaje, lo que derivó en que las terminales portuarias locales quedaran inactivas durante dos días.
La carta del Consorcio
El presidente del Consorcio del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), Hugo Borelli, mediante una nota dirigida al titular de la Cámara de Armadores de Lanchas de Prácticos, Armando Basigalup, le expresó que vería con agrado que se arbitren los medios para conseguir los acuerdos necesarios que permitan contar con un convenio colectivo que incluya a los trabajadores afiliados al SOMU.
Advirtió que lo hizo con el fin de sostener la normalidad en el puerto, que se encuentra en un importante pico de actividad estacional, y por el mantenimiento de la paz social y laboral.
La firma Donmar, en una nota enviada el 23 de este mes al CGPBB, expuso que todas las empresas de lanchas de prácticos de la Cuenca del Plata, como las de Bahía Blanca, tienen firmado, actualizado en forma anual, homologado y vigente un único convenio colectivo que involucra a todos los sectores representativos del personal embarcado.
"De dicho convenio que lleva más de 15 años de vigencia sin reclamos de ningún tipo, formaba también parte el SOMU, gremio que a fines del año pasado y en una decisión unilateral decidió denunciarlo y darlo por rescindido", se indicó en la nota.
A su vez, desde el Consorcio se pidió a la Cámara que aclare si el acta acuerdo del 27 de abril de este año, última actualización vigente del convenio, fue suscrita por representantes del SOMU "porque, a primera vista de la copia del documento, tales firmas parecieran no estar".
"De ser así, la última actualización anual del convenio colectivo de trabajo actualmente vigente no contaría con el acuerdo de los representantes de los trabajadores del SOMU, que son los principalmente involucrados en las actividades que se realizan en nuestro puerto de Bahía Blanca", expresó Borelli.
Tunessi exige datos sobre los dragados
El diputado nacional bahiense Juan Pedro Tunessi (UCR) presentó un pedido de informes sobre la adjudicación directa de la obra de dragado del puerto local, a fin de sumar esos antecedentes a la denuncia realizada por los diputados Manuel Garrido (UCR) y Graciela Ocaña (Udeso), sobre posibles sobornos en torno a la licitación convocada por Argentina y Uruguay para la realización de los trabajos de profundización del canal Martín García.
Es que en ambos casos aparecería como beneficiada la firma Boskalis.
"Nadie parece obligado a explicar una sola palabra respecto de las razones por las cuales el CGPBB adjudicó en forma directa la realización de la obra de dragado de profundización y mantenimiento por 124 millones de dólares a favor de una de las firmas competidoras en la licitación previamente declarada desierta, y en la que la misma había sido desechada por no ajustar su oferta a las especificaciones del pliego", explicó Tunessi.
La causa sobre el dragado del canal Martín García está a cargo del juez federal Claudio Bonadío, quien investiga si el diplomático Roberto García Moritán intermedió para que la empresa Boskalis, a cargo de las obras de dragado, le ofreciera una coima el ex embajador uruguayo en Buenos Aires, Francisco Bustillo.
Fuente: Nuestro Mar
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