jueves, 1 de agosto de 2013

No lo aceptan

Canarias, contra el estudio de impacto ambiental de las prospecciones de Repsol

Canarias se ha mostrado indignada con la publicación en el Boletín Oficial del Estado del estudio de impacto ambiental para las prospecciones petrolíferas que Repsol tiene previsto realizar en aguas de Lanzarote y Fuerteventura.

El Gobierno avanza así en su intención de investigar si en las costas canarias hay petróleo, en contra de la opinión de la mayor parte de la población de las dos islas más orientales, que consideran que suponen un serio peligro para el turismo y el medio ambiente.

Comienza ahora, en pleno mes de agosto, un plazo de 45 días para hacer las alegaciones a ese documento. La compañía Repsol y el ministro José Manuel Soria, por su apoyo incondicional a estas prospecciones, se han convertido en los últimos meses en los enemigos públicos número uno para los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura y para el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero. El momento y el lugar elegido, la sede de la Delegación del Gobierno en Gran Canaria, para publicar este informe han generado aún más malestar.

El Cabildo de Lanzarote ha solicitado ya la suspensión del proceso hasta que se habiliten sedes de consulta, como mínimo en Lanzarote y en Fuerteventura, pero también en el resto de las islas, ya que las explotaciones petrolíferas, aseguran, representan una amenaza ambiental para todo el archipiélago.

Por su parte, el PSOE califica esta decisión, la de que no se exponga el documento en Lanzarote o se cuelgue en Internet, como "intolerable". El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, dice "si Repsol, el Partido Popular y el Ministerio se creen que por sacarlo en agosto y en Gran Canaria no nos vamos a enterar y la gente no va a participar, se equivocan: ya tenemos un equipo técnico trabajando y vamos a facilitar el acceso a los documentos a toda la población".

Tribunales

La batalla por el petróleo en Canarias que mantiene enfrentados al Gobierno del Estado y al Ejecutivo Autonómico, se sigue librando en los tribunales.

Hace pocos días declararon ante el Tribunal Supremo varios peritos que ratificaron la postura adoptada por el Gobierno de Canarias en cuanto a la amenaza para el ecosistema marino de cualquier contaminación producida por las actividades de investigación, y también por cualquier derrame de hidrocarburos o de residuos utilizados para la realización de sondeos, y de los materiales extraídos del subsuelo en actividades de perforación.

Según el abogado del Cabildo de Fuerteventura, José Luís Beaumont, que ya logró parar estos mismos sondeos hace nueve años por la carencia de previsiones ambientales, los puntos fuertes para poder anular estos permisos estarían en "la ocultación por Repsol durante años de datos relevantes que tenía desde 2004 para ubicar exactamente los lugares elegidos para hacer los pozos exploratorios; el improcedente otorgamiento de los permisos de investigación por Real Decreto sin antes haberse sometido estas actividades a la evaluación de impacto ambiental; y la pretensión de la compañía de poder perforar el subsuelo marino con longitudes de perforación que exceden en el doble de las máximas autorizadas".

Beaumont añade que el hecho de que se inicie ahora la información pública de este estudio "cuando Repsol ya tiene decidido cuándo va a perforar (a finales de 2014) no hace sino evidenciar que para ellos, y también para el Gobierno español, la evaluación de impacto ambiental es un mero trámite".

El 23 de septiembre terminará el periodo de alegaciones y será entonces cuando el Ministerio de Industria envíe el informe y las alegaciones al Ministerio de medio ambiente para que dé o no su visto bueno.

Se prevé que también sea en otoño de este año cuando el Tribunal Supremo decida si anula o no los permisos otorgados por el Gobierno. Aún falta todavía que el Gobierno aporte documentación relevante que le ha solicitado el Tribunal, a instancias del Cabildo, para acreditar que Repsol presentó en Canarias los mismos documentos que ha presentado para autorizaciones de investigación en el Mediterráneo y en el Cantábrico

Finalmente, la Delegación del Gobierno en Canarias señala que se hará llegar en los próximos días una copia a las 49 entidades consultadas por el Ministerio de Medio Ambiente, entre las que se encuentra el Gobierno Autónomo, los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, los ayuntamientos de ambas islas y organizaciones ecologistas y no gubernamentales. 
Fuente: el mundo
Publicar un comentario en la entrada