lunes, 29 de agosto de 2011

Aumenta la suspicacia en los astillero europeos...


El naval gallego reclama a Bruselas que investigue a los países que subvencionan la construcción de barcos
"Existen muchos astilleros europeos que reciben ayudas de sus gobiernos, incluso de la propia Comisión Europea", denuncia el sector

Los astilleros gallegos no quieren ser la cabeza de turco de una investigación sobre el tax lease que, bajo diferentes fórmulas, aplican muchos constructores navales europeos. "Existen estados que subvencionan la construcción de buques, incluso con ayudas de la propia Comunidad Europea (CE) y que representan para nosotros una clara competencia", señalan fuentes del sector.
Desde el naval gallego se defiende el sistema español. "Este mecanismo financiero, con sus adaptaciones propias, ya se utiliza en otros sectores como el renting y leasing (alquiler en diferentes modalidades) de vehículos y edificios" y añaden que "si se suma el volumen de renting de coches estamos seguros que se supera de manera importante las cifras del tax lease para la construcción de barcos".
El problema ahora investigado por Bruselas parte en el momento en el que empresas gallegas y del resto de España, con elevados beneficios, se convirtieron durante los últimos años en grandes inversores en el sector naval a través del tax lease. Entre ellas las gallegas Inditex y Aluminios Cortizo que entraron de lleno en la financiación de nuevos buques a través de bancos y cajas estructuradores del sistema –el Santander (que fue el inventor), Banco Popular o Banesto, principalmente, y también Caixanova, entre otros– que ofrecían a grandes empresas este producto financiero. Pero también optaron por este sistema Mango o Ikea, entre muchas otras.
Financiar la construcción de barcos les permitía obtener beneficios fiscales que no tributan y obtener una rentabilidad de la inversión de entre el 18 y el 20%. Para realizar estas inversiones, estas grandes empresas contaban con el visto bueno de la Dirección de Tributos, además la operación estaba asegurada por Sociedad de Reconversión de Pequeños y Medianos Astilleros (Pymar) y el Banco de España.
"Era un producto financiero de alta rentabilidad y a un corto plazo de tres años", aseguran fuentes conocedoras de las operaciones. Así, las empresas inversoras en la construcción naval trasladaban parte de sus beneficios al tax lease antes de la liquidación fiscal. Las operaciones no entrañaban ningún riesgo porque estaban aseguradas.
El armador pagaba el leasing a Pymar en lugar de hacerlo al astillero que construyó el barco, porque hacía de avalista conjuntamente con el Banco de España de estas operaciones.
La estructura financiera que permitía que el armador encargara un barco a un astillero para después venderlo en construcción a una compañía de leasing, que se su vez realizaba un leasing con una Agrupación de Interés Económico (AIE). Las operaciones se sustentaban en un marco legal que se concretaba en el artículo 115 del Impuesto de Sociedades "régimen fiscal de contratos de arrendamiento financiero"; los artículos 124 al 128 del Impuesto de Sociedades en el régimen de entidades navieras en función del tonelaje; artículos 108 y 111 del Impuesto de Sociedades "incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión"; y, por último, la Ley 12/1991 de 14 de abril que regula el funcionamiento de las Agrupaciones de Interés económico.
Además de los beneficios fiscales y financieros para las empresas que participan en el tax lease, los astilleros podrían repercutir los incentivos fiscales sobre el valor del buque alcanzando una rebaja en el coste que en algunos casos llegaba al alcanzar el 30% del valor del buque.
¿Por qué Bruselas paraliza un sistema que contaba con el beneplácito de la Dirección General de Tributos?
Según un informe que maneja CC OO, todo proviene de la agresiva propuesta del Grupo Boluda para adquirir la concesión de explotar los servicios de remolcadores del puerto de Amberes con buques construidos en su astillero de Valencia, sobre los que repercute el tax lease. Así como también la entrada de astilleros españoles en el mercado exclusivo del astillero holandés Damen que contó con la ayuda de su Gobierno para pararle los pies a los constructores navales españoles que pretendían hacerse con el contrato de construcción de grandes dragas de su cliente Jean de Nul. De esta manera, Holanda alertó a varios países europeos con actividad naval para hacer un frente común al sistema que España empleaba para la construcción de barcos. Muchos de ellos se sumaron a la denuncia en la Comisión Europea de la Competencia, que preside el español Joaquín Almunia, que se encuentra en proceso de implantación de un sistema similar al tax lease español.
Fuente: Faro de Vigo
Publicar un comentario en la entrada