La
disputa entre el gobierno nacional y la petrolera envuelve a la
iniciativa en un cono de sombras. Hoy, sólo sigue siendo impulsada por
el sector privado. En el ámbito político nadie parece dispuesto a mover
un dedo hasta que el panorama se aclare. La inversión se había estimado
en unos 200 millones de dólares.
"Está escorado y navega por aguas turbulentas", se animó a decir ayer un veterano conocedor de temas portuarios al graficar las escasas chances de concreción que evidencia, hoy por hoy, el megaproyecto de YPF-Enarsa destinado a profundizar el canal principal del estuario hasta General Cerri e instalar allí una planta regasificadora de gas natural licuado.
La situación, más allá de los fuertes cuestionamientos ambientales, guarda directa relación con la ruptura entre la petrolera y el gobierno nacional, no sólo en lo que hace a la provisión de naftas, tema ampliamente difundido en los últimos días, sino también en lo referente al ajuste tarifario que el gobierno dispuso para el sector gasífero, donde dos petroquímicas locales controladas por YPF (Mega y Profertil) recurrieron a la justicia por la suba de hasta un 726% que el Enargas aprobó para el valor del cargo tarifario de importación de gas que debe pagar el sector industrial.
En el caso de Profertil, compañía en la que YPF es socia de Agrium, ya obtuvo un amparo favorable de la justicia bahiense que le permitirá evitar transitoriamente el ajuste, según informó días atrás el diario "Clarín" , mientras que Mega también recurrió a una jugada similar presentando una medida cautelar que los tribunales deberán resolver en los próximos días.
Precisamente en el muelle de Mega se ubica la terminal regasificadora habilitada en 2008 para operar con GNL comprado al exterior y precisamente Mega es una empresa donde la petroquímica Dow, que también recurrió a la justicia al sostener que el incremento la deja fuera del mercado, posee una parte importante del paquete accionario.
Esta silenciosa lucha iniciada por YPF contrasta abiertamente con las amenazas de estatización y las fuertes críticas mediáticas lanzadas por el gobierno, aunque de hecho la compañía ya logró varios fallos favorables en distintos puntos del país para no pagar el cargo de importación de gas.
Frente a este escenario, la concreción en Cerri del proyecto conjunto entre YPF y la estatal Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) aparece muy complicado, pese a que la necesidad de inyectar rápidamente mayores cantidades de gas al sistema resulta imperiosa de cara a los próximos años.
"Si hace un mes los funcionarios de YPF se mostraban más que preocupados por el silencio de radio oficial sobre este tema, ni qué pensar ahora, cuando el tono de la disputa con el gobierno ya pasó de castaño oscuro", señaló otra de las fuentes portuarias.
Quizás un indicio mismo del estado crítico del proyecto esté dado en la falta de información existente en el mismo Consorcio de Gestión del Puerto local e incluso en las autoridades provinciales sobre el futuro de la iniciativa.
El único movimiento concreto lo efectuó días atrás el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) al solicitar a YPF y al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca documentación ampliatoria para evaluar el correspondiente estudio de impacto ambiental.
Y en esas aguas turbulentas deben navegar los funcionarios de segunda línea de YPF abocados al tema, aunque tal vez esta semana resulte vital para el futuro de la inversión.
Para el miércoles está previsto que el presidente de Repsol, Antonio Brufau, encabece en Buenos Aires una reunión de directorio de YPF, de la cual la petrolera española es accionista mayoritaria. Allí se espera que esté el principal referente argentino de la firma, Sebastián Eskenazi.
El tema central girará en torno a la disputa con el gobierno por el abastecimiento de combustibles, aunque seguramente también se abordarán cuestiones ligadas al gas y varios futuros emprendimientos como el previsto para el estuario local.
A tal punto parece haber llegado el enfrentamiento con el gobierno que ese mismo miércoles el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, se reunirá con cámaras que agrupan a las estaciones de servicio de todo el país y con gremios del sector para detectar posibles faltantes de combustibles y garantizar el abastecimiento al mercado, sin que, hasta ahora, en agenda oficial figure reunión alguna con el número uno de Repsol quien, hace diez días, en su anterior visita al país, fue ignorado por la propia presidenta de la Nación, Cristina Fernández.
Pero para enmarcar aún más el complicado escenario donde transita el proyecto local habrá que seguir con detenimiento las versiones que anticipan fuertes cambios para marzo en el área de energía estatal.
Una vez más los comentarios aluden a la supuesta debilidad del ministro De Vido (blanco desde hace años de versiones similares que jamás se cumplieron) y de su mano derecha, el subsecretario de Coordinación y Control, Roberto Baratta, al tiempo que presagian un desembarco del secretario de Comercio Guillermo Moreno en la cuestión energética, quien podría aparecer con algunas novedades.
Lo cierto es que el proyecto inicial que compartieron YPF y Enarsa ahora es casi exclusivo de YPF y sólo es empujado por el sector empresarial, que ve con mucha preocupación la indefinición imperante.
Asimismo, se deberá tener en cuenta otro dato no menor: ¿Quién de los funcionarios y dirigentes políticos que impulsaron en su momento el dragado y la regasificadora en Cerri se animará a plantear en los mismos términos la situación ante De Vido?
Desensillar hasta que aclare parece haber sido la postura adoptada. Y quizás por eso mismo nadie sepa ni quiera saber, por ahora, qué va a pasar con el tema.
Plazos que ya no podrán cumplirse
La
petrolera esperaba, inicialmente, comenzar con las obras de dragado a
fines del año pasado, las cuales iban a demandar nueve meses de labor.
Se pensó que la primera etapa del proyecto iba a estar operativa entre diciembre de este año y marzo de 2013, tras la construcción de un muelle con dos frentes de atraque, diseñado para recibir los barcos metaneros y el buque regasificador.
En una segunda etapa, prevista inicialmente para fines de 2014, se contemplaba trasladar la regasificación a tierra y mantener un metanero, a modo de depósito, sobre uno de los costados del muelle doble para agilizar la recepción del GNL.
El proyecto incluye el dragado del canal principal a 45 pies entre Puerto Galván y Cerri, y la construcción de un muelle doble y una planta regasificadora, con una inversión estimada en 200 millones de dólares --120 millones servirán para la profundización del canal y 80 para la construcción de la terminal marítima, la planta y el gasoducto--.
La idea es concretar el emprendimiento entre los arroyos Pejerrey y Maldonado, a unos 800 metros al este de Puerto Cuatreros y con los sedimentos del dragado se crearán dos grandes islas con frente al canal principal, las cuales servirán para la expansión portuaria e industrial local, a través de unos 4 kilómetros de nuevos muelles.
A la iniciativa se oponen científicos locales, incluso de la Universidad del Sur y del Instituto Argentino de Oceanografía, así como entidades ambientalistas, quienes argumentan que se destruirá un área de humedal clave para el equilibrio ecológico local y regional.
Fuente: Nuestromar.org - Adrian Luciani
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