SOS Racismo pide la presencia de abogados tras la detección de polizones en los barcos
La organización SOS Racismo ha reclamado este
miércoles la presencia de abogados y organizaciones durante el proceso
de gestión de polizones en los barcos, ante la "externalización" a
empresas privadas de los controles migratorios en los puertos españoles.
SOS Racismo ha alertado de que dicha externalización, que han
tachado de ilegal, impide la correcta identificación y asistencia
jurídica del polizón en su llegada a puerto y además, puede llegar a
posicionar a los cuerpos de seguridad del estado en segundo lugar de
actuación por detrás de las compañías aseguradoras de armadores --los
P&I clubs--, que gestionan todo el proceso de expulsión o
repatriación de los polizones para evitar "problemas" con las
autoridades y posibles pérdidas económicas.
SOS Racismo, juntamente con una representante de Migreurop
--organización a la que está adherida-- y un miembro de la Comisión
Española de Ayuda al Refugiado-EuskadiLa han arrojado estos datos
durante la presentación del informe 'En los confines de Europa.
Externalización de los conflictos migratorios'.
Julia Burtin, una de las redactoras del informe y miembro de
Migreurop, ha dicho que el polizón como extranjero tiene derecho a
asistencia jurídica pero su situación dentro de puertos y buques impide
el acceso a organizaciones, abogados o traductores que les puedan
ofrecer sus servicios.
Burtin también ha remarcado que esta dificultad de acceso provoca a
veces que haya una falta de información al polizón de sus derechos,
dejando la decisión de petición de asilo o asistencia en manos de la
policía, que "muchas veces no los entiende o no se lo pregunta".
La redactora del informe ha explicado que, ante multas de hasta
180.000 euros por polizón, los trabajadores de puertos y buques se
"están convirtiendo en gendarmes" debido a la restrictiva legislación
del código ISPS marítimo, que hace recaer sobre la tripulación la
responsabilidad ante cualquier amenaza para la seguridad a bordo.
También ha explicado que ante "el miedo" de un retraso de la ruta
de mercancías o las perdidas económicas que comporta la repatriación del
polizón -- que va a cargo del capitán -- hacen aumentar la percepción
del pasajero ilegal como una gran amenaza.
Javier Galparsoro, presidente de la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado-Euskadi (CEAR), ha expuesto que los cuerpos de seguridad solo
avisan al colegio de abogados y a las organizaciones entorno a la
inmigración cuando el polizón pide asilo o manifiesta su intención de
entrar en el país, y reclama la presencia desde el principio.
Galparsoro también ha puntualizado que el régimen aplicado a los
polizones, a pesar de estar regulado por la Ley de Extranjería y el
derecho marítimo internacional, se gestiona a través de una Instrucción
de 2007 que, a pesar de haber sido mejorada y ampliada los últimos años
ante la insistencia, el hecho de que los testigos demandados durante la
entrevista policial no deban ser conocedores de derecho ni traductores
"no asegura los derechos del polizón".
Durante el periodo 2005-2007 un total de 197 polizones pasaron por
Barcelona y según Burtin, aunque han pedido datos actuales al Gobierno,
éste se ha "negado" a facilitarlos.
Durante el año 2004 de los 83 polizones que llegaron al puerto de
Barcelona, 77 no bajaron nunca del buque y eso se "debe" a que la gran
mayoría de estos viajeros ilegales, un 70%, continúan su viaje hasta ser
devueltos a su país en barco al ser líneas marítimas regulares, y el
otro 30% es devuelto por avión a través de compañías de seguro y
embajadas.
Un pequeño tanto por ciento, como "muestran" algunas historias, se
queda en el barco años o acaba tirado al mar, ha explicado Galparsoro.
Fuente: Europa Press 
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