La Comisión de Energía considera ahora que la regasificadora asturiana es innecesaria
Un informe destaca que la planta de Gijón costará 67 millones al año a los consumidores y sugiere retrasar su apertura
HC no entrará en el capital
La CNE propone elevar al 52% la presión fiscal sobre los carburantes
La Comisión Nacional de Energía (CNE), organismo regulador del sector
energético, considera ahora que la regasificadora de El Musel no resulta
necesaria para el suministro de gas y que su funcionamiento supondrá
una carga para el sistema y para las tarifas que pagan los consumidores.
Un informe de la CNE llega a sugerir que se retrase la puesta en marcha
de la planta, que está en fase final de construcción en el ampliado
puerto de Gijón.
La CNE divulgó ayer un documento con sus recomendaciones al Gobierno para reformar el modelo energético español y reducir sus altos costes, responsables de que los españoles y sus empresas paguen por la electricidad precios superiores a la media europea y de una deuda acumulada (déficit tarifario) que ya supera los 22.000 millones de euros. En ese informe, no vinculante, se hacen planteamientos que afectan a tres pilares del negocio asturiano de la energía: el proyecto de la regasificadora, las térmicas de carbón y los parques eólicos.
l El organismo supervisor alerta de que los costes de nuevas infraestructuras gasistas comprometen la solvencia económica del sistema. Y cita a la regasificadora asturiana. La CNE destaca que la planta de El Musel supondrá un coste de 67 millones de euros en su primer año de funcionamiento (2013), dinero que saldrá de lo que pagan por el gas los consumidores. «Dado que operativamente la planta no es necesaria para el suministro de gas (...), se propone retrasar la puesta en servicio hasta que la demanda lo justifique», señala el informe. Pero la CNE reconsidera a renglón seguido esa propuesta al suponer que entraña problemas legales muy complejos.
Enagas, promotora de la regasificadora, mantiene sin cambios su calendario: completar las obras este año y poner en servicio la planta en 2013, tras una inversión de 380 millones. El complejo gasista de Gijón fue desde finales de los años 90 una de las grandes apuestas industriales del PSOE, clave de bóveda de un plan más ambicioso para modernizar el sector energético regional. La regasificadora quedó excluida de las planificaciones nacionales durante la etapa de Gobierno de José María Aznar. Se incluyó a partir de 2004, con el socialista Zapatero en la Moncloa y con informe favorable de la CNE. Se justificó entonces por la demanda de gas que iba a generar la instalación en Asturias de hasta una docena de centrales eléctricas que usan ese combustible (ciclos combinados). La crisis truncó casi todos esos proyectos (salvo dos de HC), pero Enagas siguió considerando «estratégica» la planta para reforzar el suministro al país.
Ayer se supo además que HC no prevé ejercer por ahora su opción de entrada en el accionariado de la planta regasificadora. «No hay decisión tomada ni está previsto tomarla», precisó Manuel Menéndez, presidente de Hidrocantábrico. La compañía energética asturiana sólo reconsideraría tomar parte en la instalación si más adelante «fuese de interés» para su accionista de referencia, la eléctrica portuguesa EDP.
l La CNE plantea también, para frenar los costes del sistema eléctrico, eliminar o al menos revisar el mecanismo que garantiza el uso de carbón nacional en las térmicas, creado en 2011 ante la paralización de estas centrales por la caída de la demanda y los riesgos que eso entrañaba para el mantenimiento de la minería. De ser asumida por el Gobierno, una reforma así metería en nuevos problemas al sector energético asturiano.
l Con el mismo propósito de abaratar la electricidad, el informe esboza la hipótesis de detener el pago de subvenciones para instalar nuevos centros de energías renovables (parques eólicos y huertos solares, principalmente), lo que arruinaría los proyectos de más de 60 parques eólicos en Asturias.
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha propuesto un impuesto de 0,07 euros por litro para la gasolina y el gasóleo que permita recaudar 2.000 millones de euros anuales y utilizar este dinero para la financiación de las energías renovables.
Este impuesto elevaría del 48% al 52% la fiscalidad de la gasolina y del 43% al 46% la correspondiente al gasóleo, si bien estas tasas, indica la CNE, seguirían por debajo de la media comunitaria, en la que los impuestos pesan un 56% en el caso de la gasolina y un 48% en el del gasóleo.
Esta medida, incluida en el informe de la CNE para solucionar el déficit de tarifa, parte de la idea de que el sistema eléctrico está haciendo un mayor esfuerzo, con un 38% de renovables en el futuro, para cumplir los compromisos medioambientales de la UE, mientras que los sectores energéticos dedicados al transporte apenas incorporan un 20% de tecnologías «verdes». Por este motivo, el regulador energético aboga por que el coste del exceso de renovables en la dieta eléctrica con respecto a los objetivos de la UE sea trasladado a otros sectores energéticos.
En 2011, indica el informe de la CNE, las energías renovables supusieron el 33% de la demanda de electricidad, 13 puntos por encima del objetivo para 2020, lo que supone un exceso del 39%, que es el que deberían asumir otros sectores. Como las primas tuvieron un coste de 5.500 millones, la Comisión de Energía entiende que el 39% de este importe debe ser soportado por otros sectores energéticos, esto es, 2.145 millones.
La CNE divulgó ayer un documento con sus recomendaciones al Gobierno para reformar el modelo energético español y reducir sus altos costes, responsables de que los españoles y sus empresas paguen por la electricidad precios superiores a la media europea y de una deuda acumulada (déficit tarifario) que ya supera los 22.000 millones de euros. En ese informe, no vinculante, se hacen planteamientos que afectan a tres pilares del negocio asturiano de la energía: el proyecto de la regasificadora, las térmicas de carbón y los parques eólicos.
l El organismo supervisor alerta de que los costes de nuevas infraestructuras gasistas comprometen la solvencia económica del sistema. Y cita a la regasificadora asturiana. La CNE destaca que la planta de El Musel supondrá un coste de 67 millones de euros en su primer año de funcionamiento (2013), dinero que saldrá de lo que pagan por el gas los consumidores. «Dado que operativamente la planta no es necesaria para el suministro de gas (...), se propone retrasar la puesta en servicio hasta que la demanda lo justifique», señala el informe. Pero la CNE reconsidera a renglón seguido esa propuesta al suponer que entraña problemas legales muy complejos.
Enagas, promotora de la regasificadora, mantiene sin cambios su calendario: completar las obras este año y poner en servicio la planta en 2013, tras una inversión de 380 millones. El complejo gasista de Gijón fue desde finales de los años 90 una de las grandes apuestas industriales del PSOE, clave de bóveda de un plan más ambicioso para modernizar el sector energético regional. La regasificadora quedó excluida de las planificaciones nacionales durante la etapa de Gobierno de José María Aznar. Se incluyó a partir de 2004, con el socialista Zapatero en la Moncloa y con informe favorable de la CNE. Se justificó entonces por la demanda de gas que iba a generar la instalación en Asturias de hasta una docena de centrales eléctricas que usan ese combustible (ciclos combinados). La crisis truncó casi todos esos proyectos (salvo dos de HC), pero Enagas siguió considerando «estratégica» la planta para reforzar el suministro al país.
Ayer se supo además que HC no prevé ejercer por ahora su opción de entrada en el accionariado de la planta regasificadora. «No hay decisión tomada ni está previsto tomarla», precisó Manuel Menéndez, presidente de Hidrocantábrico. La compañía energética asturiana sólo reconsideraría tomar parte en la instalación si más adelante «fuese de interés» para su accionista de referencia, la eléctrica portuguesa EDP.
l La CNE plantea también, para frenar los costes del sistema eléctrico, eliminar o al menos revisar el mecanismo que garantiza el uso de carbón nacional en las térmicas, creado en 2011 ante la paralización de estas centrales por la caída de la demanda y los riesgos que eso entrañaba para el mantenimiento de la minería. De ser asumida por el Gobierno, una reforma así metería en nuevos problemas al sector energético asturiano.
l Con el mismo propósito de abaratar la electricidad, el informe esboza la hipótesis de detener el pago de subvenciones para instalar nuevos centros de energías renovables (parques eólicos y huertos solares, principalmente), lo que arruinaría los proyectos de más de 60 parques eólicos en Asturias.
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha propuesto un impuesto de 0,07 euros por litro para la gasolina y el gasóleo que permita recaudar 2.000 millones de euros anuales y utilizar este dinero para la financiación de las energías renovables.
Este impuesto elevaría del 48% al 52% la fiscalidad de la gasolina y del 43% al 46% la correspondiente al gasóleo, si bien estas tasas, indica la CNE, seguirían por debajo de la media comunitaria, en la que los impuestos pesan un 56% en el caso de la gasolina y un 48% en el del gasóleo.
Esta medida, incluida en el informe de la CNE para solucionar el déficit de tarifa, parte de la idea de que el sistema eléctrico está haciendo un mayor esfuerzo, con un 38% de renovables en el futuro, para cumplir los compromisos medioambientales de la UE, mientras que los sectores energéticos dedicados al transporte apenas incorporan un 20% de tecnologías «verdes». Por este motivo, el regulador energético aboga por que el coste del exceso de renovables en la dieta eléctrica con respecto a los objetivos de la UE sea trasladado a otros sectores energéticos.
En 2011, indica el informe de la CNE, las energías renovables supusieron el 33% de la demanda de electricidad, 13 puntos por encima del objetivo para 2020, lo que supone un exceso del 39%, que es el que deberían asumir otros sectores. Como las primas tuvieron un coste de 5.500 millones, la Comisión de Energía entiende que el 39% de este importe debe ser soportado por otros sectores energéticos, esto es, 2.145 millones.
Fuente: La Nueva España
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