Estamos jodidos

Bruselas suaviza su postura y da un respiro a los astilleros españoles

Almunia deja margen para que Hacienda evalúe las ayudas a devolver

Las autoridades españolas y el sector creen los cambios no son suficientes

La Comisión Europea suavizó ayer el veredicto sobre las ayudas fiscales destinadas a los astilleros españoles, que durante años atrajeron inversores con un sistema extremadamente benévolo desde el punto de vista tributario. Bruselas, como se preveía, considera ilegal ese sistema, pero apunta que la solución alcanzada concede válvulas de escape a los astilleros para seguir adelante. El sector, como era de esperar, sentencia que esa decisión es el principio del fin. Está por ver quién está en lo cierto, pero tras un intenso tira y afloja el comisario de Competencia, el español Joaquín Almunia, da finalmente un respiro al sector naval por una doble vía: exige el reembolso de las deducciones impositivas solo desde mediados de 2007 —y no desde 2005, como decía hace unos días—, y sobre todo da un margen discrecional nada despreciable al Gobierno español para evaluar qué hay que devolver. Además, ni los astilleros ni los armadores deberán reembolsar un solo euro: serán los inversores quienes devuelvan las ayudas estatales, según la Comisión.

El dictamen de Bruselas no es el final de ese contencioso. Ni mucho menos: lo más probable es una catarata de demandas por parte de los inversores. El Gobierno no descarta recurrir ante el Tribunal Europeo de Justicia.

Pese a que Bruselas optó por endulzar un veredicto que hace solo unas semanas parecía más peliagudo, las reacciones en España fueron dramáticas y concitaron un acuerdo extrañamente general para los tiempos que corren. Patronales, sindicatos, Gobiernos central y autonómicos afectados —los de la cornisa cantábrica, de todos los colores políticos: nacionalistas, socialistas y populares— y todos los partidos cargaron con dureza contra Bruselas. Alegan que la Comisión pone en peligro casi 90.000 empleos. Y que la cuantía de las ayudas recibidas, casi 3.000 millones, pone en peligro la viabilidad del sector, por la dificultad de encontrar inversores tras ese varapalo. Las fuentes europeas consultadas aseguran que esas cifras son dudosas: un informe del Icex recorta el empleo en astilleros a poco más de 7.000 personas (que podrían elevarse a 38.000 con los empleos indirectos), y el Gobierno había rebajado el impacto fiscal a poco más de 2.000 millones antes de conocer la decisión, que podría recortar la factura en varios cientos de millones adicionales.

Almunia fue ayer tajante, pese a estar en una posición delicada por sus orígenes y su pasado político, y pese a las intensas presiones del Gobierno, que no han cesado en el último año y medio y han arreciado con los astilleros. Sobre el montante de las deducciones, explicó que las cifras publicadas “tienen poco o nada que ver con la realidad”. Respecto al debate con el Ejecutivo, consideró “injustificable” que la Administración española no comunicara el programa de ayudas fiscales cuando lo puso en marcha, en 2002, ni siquiera más adelante, cuando llegó a negar a Bruselas que el sistema existía. Y acerca del futuro del sector, aseguró que los astilleros deberían estar tranquilos: “Los inversores no podrán traspasar sus obligaciones de devolución a navieras y astilleros”. “En cuanto al futuro, existe un régimen fiscal validado por la Comisión para financiar la industria de construcción de buques. Hay ayudas disponibles dentro del marco comunitario. Y hay inversores; solo hay que buscarlos. La Comisión no será en absoluto un obstáculo si se respetan las reglas”, añadió.

Pero lo más importante: Almunia explicó que será el Gobierno quien decida qué inversores deben devolver las ayudas fiscales, cómo y cuánto, en base a las condiciones generales fijadas por Competencia. España debe recuperar las ayudas a los inversores, “con la excepción de aquellas consideradas compatibles con el mercado interior”: las que respetan las directrices sobre ayudas de Estado al transporte marítimo. Eso deja un margen de maniobra importante —repleto de recovecos legales, y por lo tanto sujeto a interpretación jurídica dentro de unos límites— para el Ejecutivo.

Frente a las demandas del sector, finalmente habrá que devolver las ayudas a partir de abril de 2007, el momento en que la Comisión declaró incompatible un sistema francés similar. Además, Bruselas ha optado por no dar validez a una carta de la antecesora de Almunia, Neelie Kroes, que en mayo de 2009 envió una misiva al Gobierno noruego en la que se refería al sistema español. “Esa carta no es un documento público. Y no tomaba posición sobre la presencia de ayudas estatales”, argumenta la Comisión. Los astilleros pretendían que el reloj empezara a contar a partir de 2011, con el arranque del expediente, y contaban con la carta para conseguir mejores condiciones. Dos de los resquicios a los que podría agarrarse un eventual caso en los tribunales son esa carta y la tardanza de Competencia.

Las reacciones no se hicieron esperar, aunque en el caso del Gobierno y la patronal Pymar fueron menos duras de lo que cabía prever. El ministro José Manuel Soria indicó que no es la solución que esperaba, “aunque lógicamente es mejor que la planteada hasta hace unos días”. El presidente gallego, Alberto Núñez-Feijóo, habló de una decisión “cuestionable” jurídicamente, “poco responsable” económicamente e “insensible” desde el punto de vista social. Pymar apuntó a futuras decisiones legales y confió en el apoyo del Gobierno “para atenuar al máximo los daños”. A las críticas se unieron eurodiputados, incluidos los socialistas, agentes sociales y varios niveles administrativos, de ayuntamientos a diputaciones y comunidades. Todos menos los inversores, en teoría los más perjudicados, que al cierre de esta edición no se habían manifestado.

Fuente: el pais