Rajoy crea un impuesto para vencer la oposición social a las prospecciones
Industria anuncia nuevas tasas sobre la extracción de hidrocarburos que beneficiarán a comunidades autónomas, Ayuntamientos y propietarios del suelo
El Gobierno busca vencer la resistencia de los contrarios al fracking y las prospecciones de petróleo y gas por el flanco económico. La reforma de la Ley del Sector de Hidrocarburos, que el Consejo de Ministros ha enviado este viernes a las Cortes para su tramitación, promete millones de euros para las zonas en las que finalmente se extraigan hidrocarburos. Se hará a través de la creación de nuevas tasas y de la reforma de algunos cánones existentes, según el Ministerio de Industria, defensor de los sondeos y de las técnicas de extracción no convencionales, como la fractura hidráulica o fracking.
Estos cambios fiscales contemplan que las comunidades, los Ayuntamientos y los propietarios de los terrenos reciban parte de lo que se recaude con esas tasas, aunque solo en el caso de que finalmente las compañías pongan en marcha los proyectos de extracción. Lo que se busca, según el Ministerio de Industria, es que "las rentas económicas derivadas de los yacimientos de hidrocarburos reviertan también en el conjunto de la sociedad". "Las islas no están en venta, ni siquiera en alquiler", ha sido la respuesta que ha llegado desde el Gobierno de Canarias, donde la oposición a las prospecciones de petróleo ha alcanzado mayores niveles de tensión. La Administración de las islas podría recibir entre 300 y 400 millones en el caso de que Repsol encuentre petróleo y decida explotar el yacimiento, según los cálculos de José Manuel Soria, ministro de Industria y líder del PP canario. Soria está sufriendo un gran desgaste en su tierra por este asunto.
El Ejecutivo canario —además de intentar convocar una consulta que no logró celebrar— ha llevado su oposición a los tribunales. De momento, ha fracasado. El Tribunal Supremo y el Superior de Justicia de Canarias han avalado las autorizaciones que el Estado ha concedido a Repsol, que prevé concluir en enero la primera fase de exploración.
En el caso del fracking, el Gobierno también está encontrando apoyo en los magistrados. Cuatro comunidades —Cantabria, La Rioja, Navarra y Cataluña— han cambiado su legislación para vetar la controvertida técnica. Y el Constitucional ha anulado o paralizado cautelarmente esas normas antifracking a petición del Estado.
Pero que el Gobierno de Mariano Rajoy esté ganando esas batallas en los tribunales no supone que haya logrado la victoria final. Muchas de las competencias sobre el medio ambiente y la ordenación del territorio están transferidas a las autonomías y los municipios. Y estas Administraciones pueden poner trabas importantes que, en la práctica, harían inviables los proyectos de extracción de hidrocarburos.
Un ejemplo es Andalucía. Su Gobierno ha rechazado caminar hacia el veto completo al fracking. Pero su Parlamento, con los votos de PSOE e IU, ha aprobado esta semana elaborar una norma específica que fije una moratoria de dos años, prorrogables, para prohibir esta técnica durante ese tiempo. Manuel Baena, parlamentario de IU, admite que es probable que el Gobierno central acabe recurriendo —y paralizando— ante el Constitucional esta norma, que se prevé que esté lista en primavera. Pero Baena pone el foco en el "compromiso" que ha adquirido la Junta para revisar toda su normativa de calidad del agua y de los acuíferos. "El objetivo es dificultar la utilización del fracking", reconoce este parlamentario regional de IU, socio del PSOE en Andalucía.
La oposición y las dudas sobre los sondeos y la fractura hidráulica no se circunscriben a las autonomías que no gobierna el PP. La Generalitat valenciana, por ejemplo, rechaza abiertamente los sondeos que la compañía Capricorn Spain quiere acometer en el golfo de Valencia en busca de petróleo. La Declaración de Impacto Ambiental del proyecto está pendiente del pronunciamiento del Ministerio de Medio Ambiente.
En este contexto es en el que el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes los cambios en la normativa de Hidrocarburos. En el proyecto de ley —que Industria se ha negado a facilitar a los medios— se contempla la creación de un nuevo impuesto "sobre el valor de la producción de hidrocarburos". Esa tasa, que rondaría el 8% de la producción, es parecida a la que ya tienen algunos países como Italia, según ha indicado en alguna ocasión Soria. Parte de lo que se recaude con este tributo —el ministerio tampoco aclara qué porcentaje— irá destinado a las comunidades y los Ayuntamientos en el caso de que sean yacimientos terrestres. En el caso de los marinos, como el de Canarias, ese dinero iría directamente a las arcas de la comunidad más cercana.
La modificación también incluye "una compensación a los propietarios de los terrenos situados sobre el yacimiento". Según Soria, los dueños recibirán en torno a un 1% del valor de la producción anual de lo que se extraiga. Los cambios también llegan a los cánones existentes. Según Industria, se "modifican" los que hay y se crean nuevos "por realizar sondeos y sísmicas". En este caso, no habrá que esperar a que las empresas comiencen la extracción; se grava la propia exploración.
FuenteEstos cambios fiscales contemplan que las comunidades, los Ayuntamientos y los propietarios de los terrenos reciban parte de lo que se recaude con esas tasas, aunque solo en el caso de que finalmente las compañías pongan en marcha los proyectos de extracción. Lo que se busca, según el Ministerio de Industria, es que "las rentas económicas derivadas de los yacimientos de hidrocarburos reviertan también en el conjunto de la sociedad". "Las islas no están en venta, ni siquiera en alquiler", ha sido la respuesta que ha llegado desde el Gobierno de Canarias, donde la oposición a las prospecciones de petróleo ha alcanzado mayores niveles de tensión. La Administración de las islas podría recibir entre 300 y 400 millones en el caso de que Repsol encuentre petróleo y decida explotar el yacimiento, según los cálculos de José Manuel Soria, ministro de Industria y líder del PP canario. Soria está sufriendo un gran desgaste en su tierra por este asunto.
El Ejecutivo canario —además de intentar convocar una consulta que no logró celebrar— ha llevado su oposición a los tribunales. De momento, ha fracasado. El Tribunal Supremo y el Superior de Justicia de Canarias han avalado las autorizaciones que el Estado ha concedido a Repsol, que prevé concluir en enero la primera fase de exploración.
En el caso del fracking, el Gobierno también está encontrando apoyo en los magistrados. Cuatro comunidades —Cantabria, La Rioja, Navarra y Cataluña— han cambiado su legislación para vetar la controvertida técnica. Y el Constitucional ha anulado o paralizado cautelarmente esas normas antifracking a petición del Estado.
Pero que el Gobierno de Mariano Rajoy esté ganando esas batallas en los tribunales no supone que haya logrado la victoria final. Muchas de las competencias sobre el medio ambiente y la ordenación del territorio están transferidas a las autonomías y los municipios. Y estas Administraciones pueden poner trabas importantes que, en la práctica, harían inviables los proyectos de extracción de hidrocarburos.
Un ejemplo es Andalucía. Su Gobierno ha rechazado caminar hacia el veto completo al fracking. Pero su Parlamento, con los votos de PSOE e IU, ha aprobado esta semana elaborar una norma específica que fije una moratoria de dos años, prorrogables, para prohibir esta técnica durante ese tiempo. Manuel Baena, parlamentario de IU, admite que es probable que el Gobierno central acabe recurriendo —y paralizando— ante el Constitucional esta norma, que se prevé que esté lista en primavera. Pero Baena pone el foco en el "compromiso" que ha adquirido la Junta para revisar toda su normativa de calidad del agua y de los acuíferos. "El objetivo es dificultar la utilización del fracking", reconoce este parlamentario regional de IU, socio del PSOE en Andalucía.
La oposición y las dudas sobre los sondeos y la fractura hidráulica no se circunscriben a las autonomías que no gobierna el PP. La Generalitat valenciana, por ejemplo, rechaza abiertamente los sondeos que la compañía Capricorn Spain quiere acometer en el golfo de Valencia en busca de petróleo. La Declaración de Impacto Ambiental del proyecto está pendiente del pronunciamiento del Ministerio de Medio Ambiente.
En este contexto es en el que el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes los cambios en la normativa de Hidrocarburos. En el proyecto de ley —que Industria se ha negado a facilitar a los medios— se contempla la creación de un nuevo impuesto "sobre el valor de la producción de hidrocarburos". Esa tasa, que rondaría el 8% de la producción, es parecida a la que ya tienen algunos países como Italia, según ha indicado en alguna ocasión Soria. Parte de lo que se recaude con este tributo —el ministerio tampoco aclara qué porcentaje— irá destinado a las comunidades y los Ayuntamientos en el caso de que sean yacimientos terrestres. En el caso de los marinos, como el de Canarias, ese dinero iría directamente a las arcas de la comunidad más cercana.
La modificación también incluye "una compensación a los propietarios de los terrenos situados sobre el yacimiento". Según Soria, los dueños recibirán en torno a un 1% del valor de la producción anual de lo que se extraiga. Los cambios también llegan a los cánones existentes. Según Industria, se "modifican" los que hay y se crean nuevos "por realizar sondeos y sísmicas". En este caso, no habrá que esperar a que las empresas comiencen la extracción; se grava la propia exploración.
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