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Cristina Kirchner acusa al Gobierno español de 'discriminar' a Argentina

El Gobierno de la presidenta peronista Cristina Fernández de Kirchner se quejó ante la Unión Europea (UE) por la prohibición de España a las importaciones de biodiesel argentino y tildó esa restricción de "discriminatoria".

Así lo ha revelado este martes un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores, que también informó de la carta enviada al director europeo de comercio, Jean Luc De Marty, expresando su "gran preocupación" por la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy.

Buenos Aires solicita que "corrija" la medida que afecta al principal producto de las exportaciones argentinas a Madrid, por unos 985 millones de dólares, equivalentes al 34% de las ventas bonaerenses a la península.

Argentina era el principal proveedor de biocombustibles a España que, a su vez, es el primer inversor extranjero directo en el país del tango desde la década de los 90 con desembolsos estimados en unos 20.000 millones de euros.

La clausura de las compras ordenada por La Moncloa, el 20 de abril último, estableció multas a las empresas que importen el producto de Buenos Aires en favor del que generan países comunitarios, y beneficios a las compañías que elijan un proveedor distinto a Argentina.

Consecuencias de expropiar YPF

Esta medida fue una reacción a la decisión de la Casa Rosada de expropiar la mitad más uno de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) a Repsol.

Lo llamativo es que la Presidenta Fernández parecía haber digerido la represalia ibérica. "Cualquiera sea la decisión soberana que tome España, nosotros no la vamos a cuestionar", aseguró en un acto público.

También prometió que por el conflicto de los biocombustibles no haría "ningún planteamiento a la Organización Mundial de Comercio" ni diría que "están cerrando exportaciones".

Los argentinos "no somos así, somos gente respetuosa de la soberanía de los países y por eso somos tan celosos defensores de nuestra propia soberanía y nuestras propias decisiones", justificó entonces. Y hasta ironizó con que "si el gobierno español quiere pagar más caro el biocombustible, es una decisión soberana y no la vamos a cuestionar".

Sin embargo, la misiva enviada a Bruselas protestó diciendo que "la norma adoptada por el Reino de España no debió ser permitida por la Unión Europea, ya que sería incompatible con compromisos asumidos por dicho bloque en acuerdos de comercio internacional y con la normativa dictada por la Organización Mundial del Comercio". 

Fuente: el mundo