lunes, 7 de octubre de 2013

Otro chasco para El Musel

La intención del puerto de usar la planta para el trasvase de gas licuado para barcos, en el aire

La regasificadora de El Musel, que se construyó con una autorización del Ministerio de Industria y Energía anulada ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, está prácticamente terminada pero desconectada de la red gasística nacional. El actual gobierno central decidió bloquear la puesta en marcha de la planta, impulsada por el anterior Ejecutivo socialista, y su conexión a la red hasta, por lo menos, 2017. Sin embargo, Autoridad Portuaria y Enagás, propietaria de la instalación, apuestan por darle mientras tanto otro uso a la planta, que costó 370 millones de euros, como punto de trasvase de gas natural licuado para combustible de barcos. Un "plan B" que también se puede ver trastocado por la nulidad judicial de la autorización con la que se levantó la instalación.

De hecho, desde Equo-Los Verdes se muestran convencidos de que la sentencia también impide ese "plan B". "No se anula un uso en particular, sino una planta industrial, nociva y peligrosa, que se encuentra a menos de 2.000 metros de la población", argumentó ayer Paco Ramos, perito que elaboró los informes para la demanda de Los Verdes que ahora ha prosperado. Ramos destacó asimismo "el ahorro" que supone para la población la sentencia judicial.

"Se ahorra dinero de dos formas. Se para una obra millonaria y porque la regasificadora está sin funcionar, hibernada, y Enagás está cobrando un retorno por ello. Un dinero que pagamos todos como parte de nuestra tarifa eléctrica", explicó el perito. En el recurso de Equo-Los Verdes contra la autorización de la planta gasística se incluyeron, además del estimado por la juez, otros presuntos incumplimientos que la sentencia no entra a valorar. Entre ellos, que "no tenía ningún sentido" su construcción, dado que las necesidades gasísticas de la población se pueden cubrir con otras regasificadoras "infrautilizadas". Asimismo, denunciaron "multitud de déficits en el estudio de impacto ambiental" y el "incumplimiento de la normativa de riesgos de seguridad".
Fuente: LNE
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