lunes, 7 de octubre de 2013

Y habrá que demolerla?

La regasificadora de El Musel: cara, mal ubicada y, ahora, paralizada por la justicia

Siete años después de que se iniciaran todos los trámites para la construcción de una regasificadora en las inmediaciones del puerto de El Musel, en Gijón, Los Verdes han cosechado una importante victoria al conseguir que los tribunales anularan el funcionamiento de ese equipamiento, por su ubicación a menos de dos kilómetros de las viviendas de la zona. Se da la circunstancia de que la regasificadora no estaba funcionando, ya que su puesta en marcha encarecía aún más el precio del gas, pero la empresa propietaria sigue percibiendo mensualmente una cantidad en concepto de retorno del capital. Los Verdes ya han exigido la demolición de la construcción.

La sentencia anulatoria fue dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya que es en la capital de España donde se dirimen todos los litigios relacionados con este tipo de construcciones. Basa su decisión en hechos que el Tribunal Supremo ya había tomado en consideración por lo datos facilitados por la propia Enagás, por lo que, en el hipotético caso de que la empresa pretenda recurrir al Supremo tendría poco margen para modificar el fallo, según explica a El Confidencial Paco Ramos, un conocido ecologista gijonés que se encargó de hacer el peritaje para Los Verdes a la hora de presentar el recurso.

Los Verdes recibieron numerosas desestimaciones a las alegaciones técnicas y sociales que habían presentado a las administraciones central y autonómica cuando en tiempos del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero comenzaron su oposición razonada al proyecto, cuya construcción supuso una inversión en torno a los 370 millones de euros.

Demasiado cerca de las casas

Independientemente de las supuestas pérdidas económicas de la regasificadora, cuyo funcionamiento encarecería la obtención de gas, según manifestaron los recurrentes, la apelación de Los Verdes se centró más en los aspectos sociales derivados de su funcionamiento y especialmente en la colisión con las directivas comunitarias sobre distancia de los núcleos habitados. La instalación no guarda la separación de más de dos kilómetros con las casas más cercanas y esta ha sido la principal argumentación jurídica de la sentencia.

El hecho de que la regasificadora no haya entrado en funcionamiento no significa que Enagas, su propietaria, no haya recibido dinero alguno en compensación por su construcción. Desde hace tiempo viene percibiendo mensualmente determinadas cantidades en concepto de lo que se ha venido llamando como retorno del capital. Los recurrentes entienden que el paso posterior a la sentencia, una vez firme, es la demolición del equipamiento, lo que, a su juicio, supondría la paralización de ese ingreso por Enagás, ya que sería la empresa la responsable de su ubicación equivocada y por tanto de su anulación.

Los Verdes se muestran totalmente satisfechos por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya que consideran que premia una constante defensa en favor de la calidad medioambiental y en contra de una política energética que desde Asturias y con la anuencia del Gobierno central de la época mostraba su talante más despilfarrador y ponía en marcha instalaciones cuya viabilidad económica era, cuando menos, muy discutible, y su eficiencia gasística, totalmente equivocada. 
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