Los dueños de suelo que se destine a «fracking» se convertirán en accionistas
Industria introducirá un nuevo impuesto que grave la extracción de petróleo y gas
Subirse al carro del «fracking» cuanto antes. Es la gran apuesta del Gobierno de Mariano Rajoy para mejorar la ventaja competitiva de la industria española desde hace ya algo más de un año, al considerar altamente positivos los resultados económicos cosechados por esta técnica en Estados Unidos. Por ello, según ha podido saber ABC, antes de que acabe 2014, el Ejecutivo incluirá varias modificaciones en la ley de Hidrocarburos que incentiven esta práctica extractiva. Entre ellas, facilitar el desarrollo de las labores de exploración y explotación y hacer partícipes del proyecto como accionistas a los propietarios de los suelos y subsuelos (si bien hasta hoy, los subsuelos no son de nadie).
Así, los dueños de los terrenos donde se explore la existencia de hidrocarburos en vez de ser expropiados y recibir un dinero a cambio, serán integrados en el proyecto, con derechos societarios, participando de los rendimientos de la futura explotación. Hasta agosto pasado había pendientes de autorización por el Ministerio de Industria 55 solicitudes para investigar la existencia de hidrocarburos, otras 68 peticiones ya han sido aprobadas y hay 23 permisos de explotación vigentes.
El ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, es quien se marcó como prioridad para el sector favorecer el «fracking» (nombre con el que se conoce la extracción de gas no convencional mediante fracturación hidráulica) en España, ya que está convencido de que es la oportunidad de oro de un país que importa el 99,8% de los hidrocarburos que consume. Industria busca con las modificaciones a la ley mejorar los costes asociados a la energía, lo que permitiría asegurar un suministro energético estable, competitivo y sostenible dentro de la Unión Europea, y cumplir con el compromiso que se incluyó en la «Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España», con decenas de medidas concretas, entre ellas el respaldo a la polémica técnica extractiva.
Además, el Gobierno incorporará también antes de que finalice el año un nuevo tributo que grave la extracción de hidrocarburos en España para financiar con esos ingresos a las comunidades autónomas y ayuntamientos donde se ubiquen los yacimientos. Una medida que oposición y organizaciones ecologistas interpretan como un intento de ofrecer un aliciente económico a los municipios o regiones reticentes. El pasado verano, Industria propuso que el tipo de tributo fuera del 8%.
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