miércoles, 2 de abril de 2014

Mala pinta, VB

La juez ordena otro registro en la sede de Boluda por el caso de las ayudas europeas
Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal buscaron en la sede la contabilidad del grupo naviero

La juez de Instrucción número 2 de Valencia ordenó un nuevo registro de la sede de la empresa Boluda dentro de la investigación que sigue para aclarar el destino de ayudas concedidas por la Unión Europea para cursos de formación. A primera hora de la mañana de ayer, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se personaron en las dependencias de la firma del conocido empresario valenciano y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

Los especialistas estuvieron acompañados por técnicos de Hacienda, que elaborarán un informe acerca del material recopilado. Pocos datos han trascendido acerca de esta diligencia, ya que la investigación se encuentra bajo secreto. Al parecer, los agentes realizaron un registro informático para obtener información acerca de la contabilidad de la firma naviera.

Fuentes de la empresa declinaron ayer hacer cualquier comentario al respecto de la visita de los investigadores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se trata del segundo registro que se realiza en dependencias de la firma tras una primera entrada el pasado mes de enero.

En aquella ocasión se iniciaron las diligencias tras la denuncia de una empresa externa que contrataba con Unión Naval de Valencia, filial del Grupo Boluda, a la que acusaba de cambiar los conceptos facturados para recibir fondos de formación.

Según declararon los denunciantes, el Grupo Boluda pagó facturas como si se tratara de servicios de formación por los que recibía ayudas a la formación de fondos de la Unión Europea aunque la empresa que lo cobró realizó un servicio de montaje de andamios, limpieza y seguridad. Fuentes próximas a Vicente Boluda, que no está imputado según confirmó el TSJ, apuntaron en su día que la empresa denunció a Unión Naval de Valencia después de que se le rescindiera el contrato.

La denuncia llegó después de que el grupo Boluda anunciara el cierre del astillero de Unión Naval en mayo de 2012 por falta de encargos. Era la única factoría de construcción de grandes buques que le quedaba a esta compañía tras el cierre de sus astilleros en Barcelona y Marsella. El naviero justificó los problemas por la ausencia de un régimen fiscal para la financiación de buques, conocido como «tax lease», que sustituyera al anterior sistema usado hasta junio de 2011. En la factoría trabajaban 81 personas más alrededor de 300 procedentes de industrias auxiliares. En 2009 la compañía ya tuvo que afrontar el cierre de su astillero en el puerto de Barcelona y trasladó a Valencia la actividad de reparación de remolcadores. 
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