Andalucía rechaza el fracking
El Gobierno central tiene más de 50 proyectos en marcha para extraer gas del subsuelo en todo el país, pero lo tendrá difícil en territorios como el andaluz
La comunidad da así marcha atrás tras aprobar varios proyectos para estas prospecciones en 2012
Si hablamos de territorios, España es una península, pero en cuanto a la energía, nuestro país es una isla que necesita importar los recursos que más se utilizan en este momento. Al petróleo hay que añadir el gas que llega desde Argelia a través de la costa de Almería, dado el rechazo que el Gobierno central ha mostrado desde un primer momento hacia las energías renovables. Confiando en los combustibles fósiles, el Ejecutivo central tiene en marcha más de 50 proyectos para extraer gas de esquisto del subsuelo en todo el país, y una de las zonas con más interés es Andalucía. Concretamente, las provincias más 'apetecibles' son las de Jaén, Sevilla y Cádiz. En la provincia jienense la empresa multinacional Oil and Gas llevó a cabo pruebas para obtener gas con la técnica del fracking, con permiso de la Junta de Andalucía, coincidiendo con seísmos en la misma zona de la explotación, lo que llevó a la ciudadanía a manifestarse en contra de estas acciones. No es la primera vez que pasa algo parecido. La empresa Castor tuvo que paralizar su trabajo frente a las costas de Tarragona y Castellón por la existencia de terremotos que han cesado al mismo tiempo que su actividad.
Con el objetivo de no llegar hasta ese punto, la Junta de Andalucía ha decidido frenar el fracking en seco, después de aprobar las investigaciones en la provincia Jaén en abril de 2012, no solo por la coincidencia aún no demostrada con los temblores de tierra, sino también por las posibles consecuencias medioambientales que podrían afectar a la salud de los seres humanos. Así, la administración autonómica aprobará una ley que “suspende o limita la extracción de gas no convencional mediante la técnica de fractura hidráulica en tanto persistan las dudas existentes a nivel científico sobre las consecuencias que su utilización puede tener en la salud de las personas y en la protección y conservación del medio ambiente”. Esa suspensión se plasma en una moratoria de dos años que podrá ser prorrogado “hasta tanto no existan estudios científicos que determinen, con el máximo nivel de certeza, que la utilización de esta técnica no tiene afección negativa para las personas, las aguas y el medio ambiente en general”.
El anteproyecto de ley no deja lugar a dudas sobre las dificultades que empresas como Oil and Gas, Repsol o Gas Natural van a tener para llevar a cabo su trabajo en Andalucía. Para aprobar la moratoria, la Junta de Andalucía se escuda en que los “riesgos que puede provocar la utilización de dicha técnica han sido puestos de manifiesto por diferentes estudios científicos elaborados por profesionales e instituciones especialmente cualificados en la materia y con niveles de independencia e imparcialidad suficientemente contrastados. En este sentido, cabe destacar los estudios publicados por la Comunidad Europea que sugieren riesgos para la salud pública, entre ellos la emisión de hidrocarburos tales como el benceno, el 1,3-butadieno, el estireno y el etilbenceno y la contaminación de los acuíferos de la zona, que podría suponer la contaminación de aguas destinadas a consumo humano”.
La Junta recula así tras la aprobación de varios proyectos de fracking en la comunidad. En 2012 se aprobó el proyecto Albero, entre las provincias de Cádiz y Sevilla, y Ulises 2, en la provincia de Jaén. Otros han quedado en suspenso, como el Lola 1 en Córdoba o el Himilce 1,2 y 3 en la provincia de Jaén.
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