Golpe al gran ‘pirata’ gallego
El Songhua es un viejo conocido de las autoridades de pesca de medio mundo. En 2008, cuando se llamaba el Paloma V y tenía bandera de Namibia, Australia lo denunció por pesca ilegal y entró en la lista negra de la Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos Antárticos (CCRMA). Poco importó. Desde entonces ha tenido otros siete nombres y banderas de Camboya, Mongolia, Tanzania, Indonesia y finalmente de Guinea Ecuatorial.
El pasado 6 de enero, la marina de Nueva Zelanda localizó al Shongua pescando ilegalmente en aguas de la Antártida controladas por él . “En el momento de su detección, el Songhua estaba izando unas redes de enmalle cargadas de austromerluza. La utilización de redes de enmalle es un método de pesca prohibido en el área”, señala la nota púrpura de localización que dio Interpol solo una semana después en la que pedía la colaboración internacional contra él.
"Cuando la lancha patrullera se acercó al Songhua, su tripulación siguió faenando y no dio ningún signo de que fuera a interrumpir la pesca y a abandonar la zona. De esta observación se deduce que el Songhua permanecerá en el área regulada por la CCRVMA [un convenio de 1982 para conservar la flora y la fauna marina de la Antártida] y continuará capturando su especie preferida: la austromerluza", añade la notificación. Interpol preguntó a Guinea Ecuatorial, que dijo no conocer el buque.
El Songua no faenaba solo. “Se cree que el Songhua se dedica a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, junto con otros dos buques igualmente acusados de practicar esta actividad ilícita, el Kunlun y el Yongding, que también fueron detectados en las inmediaciones por la misma lancha patrullera”, añade Interpol, que señala que "en la actualidad es supuestamente propiedad de Eastern Holdings Ltd., al parecer una empresa fantasma con sede en Belice".
El ministro de Exteriores de Nueva Zelanda, Murray McCully, declaró entonces, según la prensa local: “Dos de estos barcos han sido relacionados con la empresa española Vidal Armadores”. Se trata de un sospechoso habitual en estas operaciones con el que este diario intentó, sin éxito, contactar ayer.
El pasado 6 de enero, la marina de Nueva Zelanda localizó al Shongua pescando ilegalmente en aguas de la Antártida controladas por él . “En el momento de su detección, el Songhua estaba izando unas redes de enmalle cargadas de austromerluza. La utilización de redes de enmalle es un método de pesca prohibido en el área”, señala la nota púrpura de localización que dio Interpol solo una semana después en la que pedía la colaboración internacional contra él.
"Cuando la lancha patrullera se acercó al Songhua, su tripulación siguió faenando y no dio ningún signo de que fuera a interrumpir la pesca y a abandonar la zona. De esta observación se deduce que el Songhua permanecerá en el área regulada por la CCRVMA [un convenio de 1982 para conservar la flora y la fauna marina de la Antártida] y continuará capturando su especie preferida: la austromerluza", añade la notificación. Interpol preguntó a Guinea Ecuatorial, que dijo no conocer el buque.
El Songua no faenaba solo. “Se cree que el Songhua se dedica a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, junto con otros dos buques igualmente acusados de practicar esta actividad ilícita, el Kunlun y el Yongding, que también fueron detectados en las inmediaciones por la misma lancha patrullera”, añade Interpol, que señala que "en la actualidad es supuestamente propiedad de Eastern Holdings Ltd., al parecer una empresa fantasma con sede en Belice".
El ministro de Exteriores de Nueva Zelanda, Murray McCully, declaró entonces, según la prensa local: “Dos de estos barcos han sido relacionados con la empresa española Vidal Armadores”. Se trata de un sospechoso habitual en estas operaciones con el que este diario intentó, sin éxito, contactar ayer.
Nueva ley de pesca
En condiciones normales esa nota púrpura de Interpol estaría condenada a la melancolía. Habitualmente, esos barcos no tienen dueño, ni bandera y una maraña de empresas enmascara sus propietarios. Pero solo unas semanas antes, el 27 de diciembre, el Boletín Oficial del Estado publicaba la reforma de la Ley de Pesca impulsado por el Ministerio de Agricultura español que incluía medidas para “prevenir, desalentar y eliminar la actividad de buques apátridas, buques con pabellón de países calificados reglamentariamente como de abanderamiento de conveniencia”.
Comenzó la Operación Sparrow, en honor al protagonista de Piratas de Caribe. En marzo, inspectores de Pesca pasaron 70 horas en la sede de Vidal Armadores en Ribeira (A Coruña) una pequeña localidad señalada durante años como uno de los focos de la pesca ilegal en la Antártida.
“Hemos analizado más de 3.000 documentos y hay una maraña de empresas”, explican fuentes del caso. Pesca señala a “españoles que, presuntamente, realizaban operaciones a través de diferentes sociedades interpuestas, domiciliadas en Belice, Panamá y Suiza”.
Pese a la dificultad, y en una operación sin precedentes, Pesca anunció el viernes que ha impuesto 19 sanciones muy graves a siete empresas. Todas, relacionadas con Vidal Armadores, según fuentes del caso, aunque no la cita el comunicado oficial. el ministerio les imputa "la presunta gestión directa de diversas empresas pantalla, domiciliadas en terceros países, encargadas o bien de la gestión, explotación y propiedad de los citados buques, o bien del ejercicio de actividades mercantiles, comerciales, societarias y financieras directamente relacionadas con la actividad de dichos barcos". "Han tenido banderas de Mongolia, de Camboya, de Tanzania, se pueden conseguir por Internet sin que estos países sepan nada", señalan fuentes de la investigación.
Los buques son los que faenaban juntos cuando dio el aviso la marina de nueva Zelanda: el Shongua, el Kunlun, el Yongding. También figura el carguero Tiantai. Las multas se verán durante la instrucción, pero las sanciones muy graves oscilan entre 60.001 y 600.000 euros. Fuentes del ministerio explican que aplicarán la mayor sanción posible, por lo que rondarán los 10 millones de euros.
Además, en una medida pionera, el ministerio va “abrir expedientes sancionadores a 50 tripulantes españoles por su enrolamiento en dichos barcos durante los últimos años, en contra de la prohibición expresa del reglamento comunitario”. Aunque la mayoría de la tripulación es habitualmente de Indonesia, los mandos suelen ser españoles.
Medio Ambiente señala que "la Operación Sparrow no tiene precedentes a nivel internacional" y destaca la "estrecha colaboración" de Australia y nueva Zelanda.
En condiciones normales esa nota púrpura de Interpol estaría condenada a la melancolía. Habitualmente, esos barcos no tienen dueño, ni bandera y una maraña de empresas enmascara sus propietarios. Pero solo unas semanas antes, el 27 de diciembre, el Boletín Oficial del Estado publicaba la reforma de la Ley de Pesca impulsado por el Ministerio de Agricultura español que incluía medidas para “prevenir, desalentar y eliminar la actividad de buques apátridas, buques con pabellón de países calificados reglamentariamente como de abanderamiento de conveniencia”.
Comenzó la Operación Sparrow, en honor al protagonista de Piratas de Caribe. En marzo, inspectores de Pesca pasaron 70 horas en la sede de Vidal Armadores en Ribeira (A Coruña) una pequeña localidad señalada durante años como uno de los focos de la pesca ilegal en la Antártida.
“Hemos analizado más de 3.000 documentos y hay una maraña de empresas”, explican fuentes del caso. Pesca señala a “españoles que, presuntamente, realizaban operaciones a través de diferentes sociedades interpuestas, domiciliadas en Belice, Panamá y Suiza”.
Pese a la dificultad, y en una operación sin precedentes, Pesca anunció el viernes que ha impuesto 19 sanciones muy graves a siete empresas. Todas, relacionadas con Vidal Armadores, según fuentes del caso, aunque no la cita el comunicado oficial. el ministerio les imputa "la presunta gestión directa de diversas empresas pantalla, domiciliadas en terceros países, encargadas o bien de la gestión, explotación y propiedad de los citados buques, o bien del ejercicio de actividades mercantiles, comerciales, societarias y financieras directamente relacionadas con la actividad de dichos barcos". "Han tenido banderas de Mongolia, de Camboya, de Tanzania, se pueden conseguir por Internet sin que estos países sepan nada", señalan fuentes de la investigación.
Los buques son los que faenaban juntos cuando dio el aviso la marina de nueva Zelanda: el Shongua, el Kunlun, el Yongding. También figura el carguero Tiantai. Las multas se verán durante la instrucción, pero las sanciones muy graves oscilan entre 60.001 y 600.000 euros. Fuentes del ministerio explican que aplicarán la mayor sanción posible, por lo que rondarán los 10 millones de euros.
Además, en una medida pionera, el ministerio va “abrir expedientes sancionadores a 50 tripulantes españoles por su enrolamiento en dichos barcos durante los últimos años, en contra de la prohibición expresa del reglamento comunitario”. Aunque la mayoría de la tripulación es habitualmente de Indonesia, los mandos suelen ser españoles.
Medio Ambiente señala que "la Operación Sparrow no tiene precedentes a nivel internacional" y destaca la "estrecha colaboración" de Australia y nueva Zelanda.
Los 'seis magníficos'
Tres de los cuatro barcos sancionados forman parte de los conocidos como “Los seis magníficos”, los buques más perseguidos por pescar merluza de profundidad en aguas antárticas con bandera de conveniencia y sin dueño conocido. El Soghua y el Yongding están retenidos en Cabo Verde, el Kunlun en Tailandia y el Tiantai fue hundido en 2014. Otros barcos piratas no han corrido mejor suerte: el Viking fue detenido en Malasia en abril y el Thunder fue hundido en Sao Tomé en abril ante los ojos de la ONG Sea Sheperd, especializada en perseguir barcos de pesca ilegal.
Las ONG, que fueron críticas con el Gobierno del PSOE, al que acusaban de connivencia con la pesca ilegal, saludaron el viernes las sanciones. María José Cornax, Responsable de pesca de Oceana, señaló en un comunicado: “Es la sanción más elevada conocida, y la primera de esta categoría, que se ha impuesto en la historia de la Unión Europea en relación con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Manda un claro mensaje de advertencia a todos los ciudadanos que hasta la fecha se sentían protegidos por el uso de sociedades pantalla en terceros países y por pabellones de conveniencia. Ya no se va a tolerar más que un ciudadano de la UE se lucre de la pesca ilegal”.
No es la primera multa pero sí la más contundente con diferencia. El 24 de mayo de 2010, el ministerio impuso a Vidal 150.000 euros de multa y “la suspensión de todos los permisos y licencias durante un período de dos años por la comisión de una infracción administrativa en materia de pesca marítima de carácter muy grave, por realizar actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, dirigiendo y controlando actividades de pesca de una flota de buques, algunos de los cuales tienen como armador a la misma y entre los que se encuentran buques declarados ilegales por la Convención para la conservación de los recursos vivos marinos antárticos” por las actividades del Paloma V, hoy Songhua, en nueva Zelanda.
En marzo de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ratificó la sanción, pero la sentencia aún no es firme porque cabía recurso ante el Tribunal Supremo.
Subvenciones estatales a Vidal
Durante años, la presencia de estos buques en aguas antártidas ha sido un quebradero de cabeza para España, que era acusada en todos los foros internacionales de connivencia con la pesca pirata. Daban igual las medidas oficiales porque estos buques con tripulación española seguían actuando. En 2005, la Comisión Europea criticó que España subvencionase a Vidal y posteriormente presionó para que no recibiese otra ayuda.
Javier Garat, secretario general de la patronal Cepesca, señaló: “Felicitamos a la secretaría general de Pesca. Si se confirman las infracciones pueden provocar, gracias a la nueva ley, la inactividad de los que han pescado ilegalmente. Envía una señal muy clara a los que quieren pescar ilegalmente y al mundo entero de que en España el que la hace la paga”.
El sector pesquero español ha sido tradicionalmente acusado en foros internacionales de connivencia con estas prácticas: “Personalmente estoy contento porque va a ayudar a mejorar la imagen de la pesca española en el exterior. A pesar de que han sido pocos los piratas que han hecho barbaridades, siempre se los identificaba como españoles y la sensación en el mundo era que todos los pescadores españoles éramos así de piratas, algo que no tiene que ver con la realidad”. “Desde que ha entrado este Gobierno tenemos la política más dura de inspección y control y se aplica a todas las flotas”, añade Garat. Pesca confía en que las sanciones sean disuasorias y limpiar el pabellón español de pesca pirata.
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