España y la UE mantienen abierto el expediente del viejo 'tax lease' del sector naval
Los expedientes de la Unión Europea son como el manto de Penélope y
toda una odisea. Se tejen y destejen de tal forma que las carpetas
parecen abiertas indefinidamente y se acumulan sin freno. Algo así
sucede ahora con el contencioso entre España y la UE por el viejo 'tax
lease' que se aplicaba en el sector naval y que fue declarado ilegal en
el verano de 2013. Desde entonces, los funcionarios comunitarios y los
del Ministerio español de Hacienda se han enzarzado en una discusión
sobre la cuantía exacta de los impuestos que se ahorraron de forma
irregular quienes actuaron como intermediarios en la construcción de los
buques. El Gobierno español sigue considerando que esa cifra debe
cuantificarse en 126 millones, mientras que la Comisión cree que debe
ser más, aunque no dice cuánto.
Aquel 'tax lease' ilegalizado combinado con la libertad de
amortización que se concedía a las empresas navieras con sede en
Canarias generaba un auténtico "malabarismo tributario", que permitía
rebajar el precio final de los buques entre un 20% y un 30% cuando
llegaban a manos del armador. Una tasa de 'ahorro' que las autoridades
de la UE consideraron excesiva porque, sostenían, no era alcanzable para
operaciones que se hacían en astilleros de otros países. Otra cosa es
que, de acuerdo a lo que aún sostienen los astilleros españoles, en
algunos países -especialmente Holanda- se han hecho cosas aún peores
mientras la UE miraba para otro lado o simplemente no veía lo que pasada
justo por delante de sus narices.
Afortunadamente para el sector naval español existe una nueva
regulación de ayudas fiscales a la construcción de buques que se ha
revelado efectiva y que, ahora sí, cuenta con seguridad jurídica ya que
la Comisión Europea la ha respaldado. Fruto de esa solidez legal -que
tiene unas enormes implicaciones financieras-y también de una cierta
recuperación en la demanda, los astilleros españoles han conseguido
mantenerse a flote e incluso comenzar a pensar en un futuro
tranquilizador a medio plazo. Desde el verano de 2013, cuando se
ilegalizó el antiguo 'tax lease', el nuevo marco jurídico de ayudas
fiscales a la construcción naval ha permitido albergar la contratación
de 18 buques nuevos en España. Todo un balón de oxígeno que además de
permitir el mantenimiento del empleo asociado a la construcción naval,
permite a los astilleros ganar tiempo para buscar nuevos nichos de
mercado sobre los que edificar su propio futuro de largo plazo.
"Si hay armadores dispuestos a encargar barcos, hay inversores
dispuestos a financiarlos", aseguran a EL CORREO fuentes ligadas a este
sector. Esto es, se ha producido un giro de 180 grados en la coyuntura
que envuelve al sector. Durante buena parte de 2012 y la primera mitad
de 2013, con la espada de Damocles sobre los astilleros españoles, la
contratación se paró, los armadores pusieron rumbos a otros lares y
desaparecieron del mercado los financiadores. Esto es, las empresas
intermediarias que hacen posible el complejo juego del 'tax lease'. Hoy,
aseguran las mismas fuentes, los inversores han vuelto, tienen
confianza e incluso se ha generado una corriente favorable que ha
permitido que entren nuevos actores dispuestos a jugar ese papel.
Si la resolución del expediente de las viejas ayudas sigue abierto,
lo mismo sucede con la pelea que los astilleros españoles mantienen con
los holandeses. La Comisión resolvió recientemente que el 'tax lease'
que aplica ese país es "legal", pero mantiene abierto el análisis porque
las empresas españolas han presentado documentación adicional para
reforzar la tesis de que no es oro todo lo que reluce en el país de los
tulipanes. Pero, a la vista está, las cosas de Bruselas van despacio.
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