La UE tumba la demanda de gallegos y vascos contra las ayudas a astilleros de Holanda
Holanda tiene amigos en Bruselas, por eso las ayudas que el Estado inyecta a sus astilleros, a través de la patronal Damen Shipbuilding Association, no son merecedoras de sanción, ni de la apertura de un expediente.
Después de dos años dando largas, la Dirección General para la Competencia ha decidido archivar la denuncia presentada por los astilleros gallegos y vascos (a través de las organizaciones Aclunaga y Foro Marítimo Vasco) contra la protección estatal de la que disfrutan sus competidores holandeses, con subvenciones que le permiten abaratar el coste de construcción de un buque, vulnerando así las normas de libre competencia entre países de la UE.
La demanda española aportó amplia documentación en la que se demostraba que las bonificaciones holandesas son superiores al 40 % del precio del barco, rebasando con creces los incentivos fiscales (de hasta un 30 %) que permitía el antiguo tax lease español, tumbado por Damen Shipbuilding Association en el 2011, con un denuncia ante la Comisión Europea.
¿Por qué el viejo tax lease era ayuda de Estado y las bonificaciones de Holanda a sus astilleros no lo son? La pregunta quedará en el aire, porque Bruselas no da ninguna explicación. De hecho, como no llegó a abrir expediente sobre la denuncia de Aclunaga y Foro Marítimo Vasco, no existe una resolución. Simplemente, el pasado mes de febrero determinó que no había caso. Así lo revela la respuesta del Defensor del Pueblo Europeo -con fecha del pasado 7 de mayo- a una queja contra Competencia por mala administración, formulada por el parlamentario europeo del PP Luis de Grandes hace casi un año (julio del 2014), por no investigar las ayudas a los astilleros holandeses.
Caso archivado
«El Defensor del Pueblo abrió una investigación sobre el caso después de lo cual la Comisión finalizó su evaluación preliminar, concluyendo que las medidas en cuestión no constituyen ayudas de Estado. Por su parte El Defensor del Pueblo considera que no ha habido ningún caso de mala administración y ha cerrado el caso», resuelve el organismo comunitario, que justifica los retrasos en las diligencias de Competencia, «por la complejidad de la información examinada» .
Se cierra así un capítulo oscuro en las relaciones entre los astilleros españoles y holandeses que comenzó hace cuatro años.
La denuncia presentada por Damen Shipbuilding Association en el 2011 contra las ayudas de Estado que incentivaron la contratación de buques en España entre los años 2001 y 2011 dio lugar a la apertura de un expediente que Bruselas tardó dos años en resolver con sentencia desfavorable y la obligación de devolver un importe todavía por determinar, que el Gobierno español cifra en 126 millones de euros, y Competencia estima mayor.
Dos años litigando
No contenta con ello, en junio del 2012, Holanda amenazó con una nueva queja ante Competencia por el nuevo modelo de tax lease ahora en vigor. Un año después, en julio del 2013, los holandeses cumplieron su amenaza, aunque en esta ocasión Bruselas no le dio curso a su reclamación.
Fue entonces cuando, como medida defensiva ante las amenazas de los Países Bajos, los astilleros gallegos y vascos presentaron la denuncia que, finalmente, y como era previsible, no ha prosperado, debido a la fuerte capacidad de presión ejercida por el potente sector naval holandés.
Después de dos años dando largas, la Dirección General para la Competencia ha decidido archivar la denuncia presentada por los astilleros gallegos y vascos (a través de las organizaciones Aclunaga y Foro Marítimo Vasco) contra la protección estatal de la que disfrutan sus competidores holandeses, con subvenciones que le permiten abaratar el coste de construcción de un buque, vulnerando así las normas de libre competencia entre países de la UE.
La demanda española aportó amplia documentación en la que se demostraba que las bonificaciones holandesas son superiores al 40 % del precio del barco, rebasando con creces los incentivos fiscales (de hasta un 30 %) que permitía el antiguo tax lease español, tumbado por Damen Shipbuilding Association en el 2011, con un denuncia ante la Comisión Europea.
¿Por qué el viejo tax lease era ayuda de Estado y las bonificaciones de Holanda a sus astilleros no lo son? La pregunta quedará en el aire, porque Bruselas no da ninguna explicación. De hecho, como no llegó a abrir expediente sobre la denuncia de Aclunaga y Foro Marítimo Vasco, no existe una resolución. Simplemente, el pasado mes de febrero determinó que no había caso. Así lo revela la respuesta del Defensor del Pueblo Europeo -con fecha del pasado 7 de mayo- a una queja contra Competencia por mala administración, formulada por el parlamentario europeo del PP Luis de Grandes hace casi un año (julio del 2014), por no investigar las ayudas a los astilleros holandeses.
Caso archivado
«El Defensor del Pueblo abrió una investigación sobre el caso después de lo cual la Comisión finalizó su evaluación preliminar, concluyendo que las medidas en cuestión no constituyen ayudas de Estado. Por su parte El Defensor del Pueblo considera que no ha habido ningún caso de mala administración y ha cerrado el caso», resuelve el organismo comunitario, que justifica los retrasos en las diligencias de Competencia, «por la complejidad de la información examinada» .
Se cierra así un capítulo oscuro en las relaciones entre los astilleros españoles y holandeses que comenzó hace cuatro años.
La denuncia presentada por Damen Shipbuilding Association en el 2011 contra las ayudas de Estado que incentivaron la contratación de buques en España entre los años 2001 y 2011 dio lugar a la apertura de un expediente que Bruselas tardó dos años en resolver con sentencia desfavorable y la obligación de devolver un importe todavía por determinar, que el Gobierno español cifra en 126 millones de euros, y Competencia estima mayor.
Dos años litigando
No contenta con ello, en junio del 2012, Holanda amenazó con una nueva queja ante Competencia por el nuevo modelo de tax lease ahora en vigor. Un año después, en julio del 2013, los holandeses cumplieron su amenaza, aunque en esta ocasión Bruselas no le dio curso a su reclamación.
Fue entonces cuando, como medida defensiva ante las amenazas de los Países Bajos, los astilleros gallegos y vascos presentaron la denuncia que, finalmente, y como era previsible, no ha prosperado, debido a la fuerte capacidad de presión ejercida por el potente sector naval holandés.
El viejo «tax lease», en Luxemburgo
Bruselas ordenó al Gobierno de España que pusiera cifras a las bonificaciones declaradas ilegales permitidas con el viejo «tax lease», y la suma provisional es de 126 millones. Pero los beneficiarios y principales afectados por la devolución (bancos e inversores) han recurrido la orden ante el alto tribunal de Luxemburgo, y están a la espera de sentencia.
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