viernes, 28 de febrero de 2014

Fin del caso

Argentina y Repsol rubrican el acuerdo por YPF
Con este acuerdo ponen fin a casi dos años de disputas por la expropiación del 51% de las acciones de YPF y se establece una compensación para la petrolera española de 5.000 millones de dólares en bonos

El Gobierno de Argentina y Repsol rubricaron hoy un acuerdo que pone fin a casi dos años de disputas por la expropiación del 51% de las acciones de YPF y establece una compensación para la petrolera española de 5.000 millones de dólares en bonos, una deuda que se terminará de saldar en 2033.

El "convenio de solución amigable y avenimiento de expropiación" fue suscrito en Buenos Aires por el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, el secretario general y del Consejo de Administración de Repsol, Luis Suárez de Lezo Mantilla, y el director general de Negocios de la petrolera española, Nemesio Fernández Cuesta Luca De Tena.

A través de este convenio, "Repsol se aviene a aceptar por todo concepto la suma de 5.000 millones de dólares estadounidenses pagaderos en bonos soberanos como compensación por la expropiación" concretada en mayo de 2012, informó el Ministerio de Economía argentino en un comunicado.

Simultáneamente, Repsol e YPF han firmado hoy otro convenio en Buenos Aires por el que acordaron "el desistimiento de acciones judiciales, así como una serie de renuncias e indemnidades mutuas", según informó en un comunicado la petrolera española, que mantiene una participación del 12% en la mayor productora de hidrocarburos de Argentina.

El total de demandas a retirar es de 31, incluyendo una reclamación de Repsol ante el CIADI por una compensación de 10.500 millones de dólares.

"De esta manera, quedan sin efecto todos los conflictos judiciales con uno de los principales accionistas de YPF y despeja el horizonte jurídico de la compañía", destacó la petrolera argentina en un comunicado.

YPF añadió que este "paso trascendental" le permite "enfocar todo su esfuerzo y profesionalismo en el desarrollo de los recursos energéticos" de Argentina, con problemas de déficit energético.

El acuerdo supondrá para Argentina la emisión de deuda pública por hasta 6.000 millones de dólares, que incluirán 5.000 millones de dólares en títulos a valor nominal que se entregarán a Repsol más otros 1.000 millones de dólares para cubrir la suma acordada en caso que los títulos coticen en el mercado por debajo de su valor nominal.

Si al realizarse el pago los bonos que recibirá Repsol no alcanzan en el mercado un valor de 4.670 millones de dólares, la indemnización se completará con la entrega de más bonos a partir de la emisión adicional por hasta 1.000 millones de dólares.

Repsol no podrá recibir más de 5.000 millones de dólares, sea por la venta en el mercado de los bonos a mayor precio que su valor nominal o porque retenga en su cartera los títulos hasta su vencimiento final.

En cualquiera de los casos, si obtuviera más de 5.000 millones de dólares, deberá devolver la diferencia en títulos.

El pago se considerará cancelado cuando Repsol obtenga 5.000 millones de dólares por la venta de los bonos en el mercado o bien al concluir el plazo de emisión de la deuda, esto es, en 2033.

El acuerdo debe ser ratificado por la junta de accionistas de Repsol, que se reunirá en marzo, y por el Parlamento argentino, donde las reacciones han sido dispares.

La diputada Elisa Carrió, de la opositora alianza Unen, realizó hoy una presentación ante la Justicia para denunciar el acuerdo por considerarlo "nulo e ilegal" por la ausencia de un dictamen de Tribunal de Tasaciones para la expropiación de YPF por parte del Estado.

Carrió anticipó que su bloque de legisladores votará contra la ratificación del convenio y advirtió que quienes lo convaliden estarán "encubriendo el vaciamiento de YPF y protegiendo a los funcionarios argentinos y españoles que se robaron dos veces la empresa".

Por el contrario, desde la conservadora Propuesta Republicana se apoyará el acuerdo porque "viene a remediar un error", según el diputado Federico Sturzenegger, que aclaró que su partido no hubiera expropiado la empresa.

En la Unión Cívica Radical (UCR) reclaman detalles sobre el pacto y sus costes totales.

"Durante meses los accionistas de Repsol tuvieron más información que el pueblo y el Congreso argentinos. Todavía no conocemos los pormenores de acuerdo, ni el costo financiero total que tendrá para el Estado argentino", dijo el presidente del bloque de diputados radicales, Mario Negri.

El también diputado radical Ricardo Alfonsín pidió conocer si el Gobierno "efectuó o no en la Justicia las denuncias por incumplimiento de la obligaciones de inversión, por vaciamiento empresario y grave daño ambiental que habían formulado contra Repsol" al momento de anunciar la expropiación.

Ante las críticas de la oposición, Kicillof aseveró que "hay una junta de cerebros tratando de buscar algún argumento para atacar todo lo que hace el Gobierno".
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