viernes, 29 de mayo de 2015

Ponemos el anzuelo a ver si pica alguno...

Industria favorece el «fracking» al aplicarle los impuestos más bajos

El BOE publicó ayer la modificación de la ley de Hidrocarburos de 1998, que establece nuevos tributos al sector y que supone un impulso al «fracking», ya que los hidrocarburos extraidos con este técnica soportarán los impuestos más bajos de entre todos los tipos de explotaciones.

El «fracking» o fractura hidráulica se utiliza desde hace 65 años y consiste en inyectar una mezcla de agua, productos químicos y arena, a presión controlada, pero lo suficientemente alta como para fracturar las rocas donde está impregnado el gas pizarra o esquisto, el cual, fluye a la superficie a través de un pozo. Hay que recordar que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, declaró recientemente a ABC que «lo que no tiene ningún sentido es que España sea el único país del mundo en que no busque sus recursos de hidrocarburos. Si uno ve el mapa de Europa y dónde se están haciendo prospecciones, tanto de hidrocarburos convencionales como de "fracking", bien en tierra bien en el mar, todos los países están buscando, incluso aquellos que tienen intereses turísticos muy importantes».

El gravamen a la producción de hidrocarburos no convencionales («fracking») será de entre el 1 y el 4%, dependiendo del volumen extraído (hay tres niveles, desde los 32,85 millones de metros cúbicos a más de 164,25 millones). Estos tipos impositivos son inferiores a los establecidos para las explotaciones convencionales, que oscilan entre el 3 y el 5%, y notablemente más bajos que los fijados para la producción de petróleo, tanto en tierra (del 2 al 8%) como en mar (entre el 1 y el 7%). Estos impuestos no entrarán en vigor hasta el 1 de enero de 2016 y una porcentaje de los mismos irá destinado a las comunidades autónomas y ayuntamientos, lo que supone un evidente guiño a las administraciones locales, mayoritariamente contrarias a la técnica del «fracking». Además, su aparición en el BOE se produce a sólo 48 horas de las elecciones.

La reforma de la ley de Hidrocarburos también recoge otra novedad, el pago a los propietarios del suelo por parte de las compañías del sector de determinadas cantidades de dinero en función del petróleo o gas extraído. Para ello, la ley establece una fórmula que viene determinada por el valor de la cantidad de hidrocarburos producida y la superficie del terreno afectado. En principio, los propietarios recibirían un mínimo del 1% del valor de los hidrocarburos. Estos pagos también entrarán en vigor en 2016.

Sin embargo, lo que sí será efectivo desde hoy mismo es el denominado canon de superficie (tasa que grava los derechos de utilización del suelo y subsuelo, que son de dominio público), el cual, ha sido revisado al alza por el Ministerio de Industria.

Existen cuatro tarifas: para los permisos de investigación (entre 0,07 y 0,15 euros por hectárea y año), concesiones de explotación (de 1,9 euros la hectárea y año a 17,55 euros cuando se extiende a 20 años), perforación de sondeos (entre 125.000 y 600.000 euros por cada uno) y adquisición de campañas sísmicas (0,3 euros el metro si es en 2D y de 0,0003 euros el metro cuadrado en 3D).

Hay que subrayar que en España no existe todavía ninguna explotación de «fracking» y que varios gobiernos autonómicos han aprobado leyes prohibiendo esta industria. Sin embrago, el Tribunal Constitucional estimó hace un año el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la ley de Cantabria (también con Ejecutivo del PP) que rechazaba estas explotaciones «por invadir competencias estatales».

El primer proyecto que podría ponerse en marcha en 2016 es el que ha presentado el grupo canadiense BNK para explorar el norte de la provincia de Burgos (posee dos permisos entre los municipios de Villarcayo, Medina de Pomar y Merindad de Cuesta-Urría). BNK, que invertirá 250 millones de euros, ha anunciado que los propietarios de los terrenos donde realizarán las prospecciones podrán recibir entre 2 y 4 millones de euros por la producción de cada emplazamiento. Además, los ayuntamientos cobrarán por cada pozo entre 300.000 y 600.000 euros por impuestos y tasas.
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