El escenario político amenaza el desarrollo del 'fracking' en España
El nuevo escenario político que va a abrirse en España a partir del próximo 24 de mayo va a convertirse en un nuevo obstáculo para el desarrollo del fracking a nivel local. Salvo el PP, actual partido de Gobierno e impulsor de esta técnica para reducir la dependencia energética del país, todos los grupos que son alternativa de poder se muestran contrarios a su desarrollo en los programas electorales y anuncian que lo prohibirán en los territorios que controlen.
El PSOE aprovechó una enmienda reciente durante la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Hidrocarburos para proponer la paralización y prohibición de todos los permisos para buscar gas o petróleo mediante fracturación hidráulica. Esta práctica consiste en la inyección en el subsuelo de agua a presión con componentes químicos para romper las rocas y liberar los hidrocarburos atrapados en su interior.
Podemos incluye en su programa electoral «el compromiso público de no autorizar instalaciones de fractura hidráulica y la declaración de las comunidades autónomas como zonas libres de fracking».
Por su parte, Ciudadanos también se muestra contrario a esta práctica «por los efectos sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas», según reza el programa con el que esta formación se presentó a los última elecciones andaluzas. «La explotación de este tipo de yacimientos conlleva un impacto ambiental con consecuencias irreversibles, e incluso la posibilidad de movimientos sísmicos asociados. Además, los estudios realizados revelan que en España los yacimientos son de escaso volumen», argumenta la formación de Albert Rivera.
Actualmente en España hay más de 10 permisos solicitados para hacer fracking, la mayoría concentrados en la cuenca cantábrica y en Castilla y León. Todos ellos atraviesan una especie de desierto burocrático que va desde la solicitud del permiso hasta la realización de un estudio sísmico para cumplir la normativa medioambiental.En algunos casos este proceso se alarga ya cinco años.
En la plataforma Shale Gas, que reúne a las empresas con intereses en este negocio, prevén que en el año 2016 pueda ponerse en marcha la fase de exploración en alguno de los permisos solicitados. Una situación que dependerá en última instancia de la voluntad política que se encargue de conceder los permisos.
La normativa actual establece que el permiso para llevar a cabo una investigación del subsuelo es competencia autonómica. Sólo en caso de que el permiso afecte al suelo de dos autonomías o se produzca en territorio marítimo la competencia en la otorgación de licencias es del Ministerio de Industria.
En este sentido, el Gobierno es claramente favorable a la búsqueda de hidrocarburos en el país para reducir la independencia energética y elevar por encima del 0,5% actual el grado de autoabastecimiento de gas y petróleo para el consumo doméstico. El resto es importado, con un coste sobre la balanza comercial del país superior a los 38.000 millones de euros.
Un informe de la Comisión Europea señala a España como uno de los 11 países de la Unión Europea que están dispuestos a conceder permisos para explotaciones de fracturación hidráulica. Muchos de estos Estados se miran en el espejo de EEUU, donde el desarrollo de esta técnica ha abaratado de forma sustancial los costes energéticos del país.
La bronca política en torno al fracking no es nueva en España. El asunto ha desatado en los últimos meses una lucha interna en el propio PP, después de que varios barones regionales se hayan manifestado en contra de su desarrollo en sus territorios y legislado contra la normativa estatal. El enfrentamiento se ha judicializado y ha llegado al Tribunal Constitucional.
El PSOE aprovechó una enmienda reciente durante la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Hidrocarburos para proponer la paralización y prohibición de todos los permisos para buscar gas o petróleo mediante fracturación hidráulica. Esta práctica consiste en la inyección en el subsuelo de agua a presión con componentes químicos para romper las rocas y liberar los hidrocarburos atrapados en su interior.
Podemos incluye en su programa electoral «el compromiso público de no autorizar instalaciones de fractura hidráulica y la declaración de las comunidades autónomas como zonas libres de fracking».
Por su parte, Ciudadanos también se muestra contrario a esta práctica «por los efectos sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas», según reza el programa con el que esta formación se presentó a los última elecciones andaluzas. «La explotación de este tipo de yacimientos conlleva un impacto ambiental con consecuencias irreversibles, e incluso la posibilidad de movimientos sísmicos asociados. Además, los estudios realizados revelan que en España los yacimientos son de escaso volumen», argumenta la formación de Albert Rivera.
Actualmente en España hay más de 10 permisos solicitados para hacer fracking, la mayoría concentrados en la cuenca cantábrica y en Castilla y León. Todos ellos atraviesan una especie de desierto burocrático que va desde la solicitud del permiso hasta la realización de un estudio sísmico para cumplir la normativa medioambiental.En algunos casos este proceso se alarga ya cinco años.
En la plataforma Shale Gas, que reúne a las empresas con intereses en este negocio, prevén que en el año 2016 pueda ponerse en marcha la fase de exploración en alguno de los permisos solicitados. Una situación que dependerá en última instancia de la voluntad política que se encargue de conceder los permisos.
La normativa actual establece que el permiso para llevar a cabo una investigación del subsuelo es competencia autonómica. Sólo en caso de que el permiso afecte al suelo de dos autonomías o se produzca en territorio marítimo la competencia en la otorgación de licencias es del Ministerio de Industria.
En este sentido, el Gobierno es claramente favorable a la búsqueda de hidrocarburos en el país para reducir la independencia energética y elevar por encima del 0,5% actual el grado de autoabastecimiento de gas y petróleo para el consumo doméstico. El resto es importado, con un coste sobre la balanza comercial del país superior a los 38.000 millones de euros.
Un informe de la Comisión Europea señala a España como uno de los 11 países de la Unión Europea que están dispuestos a conceder permisos para explotaciones de fracturación hidráulica. Muchos de estos Estados se miran en el espejo de EEUU, donde el desarrollo de esta técnica ha abaratado de forma sustancial los costes energéticos del país.
La bronca política en torno al fracking no es nueva en España. El asunto ha desatado en los últimos meses una lucha interna en el propio PP, después de que varios barones regionales se hayan manifestado en contra de su desarrollo en sus territorios y legislado contra la normativa estatal. El enfrentamiento se ha judicializado y ha llegado al Tribunal Constitucional.
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