Moncloa precipita la indemnización del Castor por el impacto para España de un impago de ACS
Apaño exprés. El Gobierno movilizó de urgencia a los bancos para abonar 1.430 millones a ACS antes del 30 de noviembre. De no haber sido así, el grupo de Florentino no hubiera podido pagar a sus bonistas (BEI incluido), lo que hubiera dañado la confianza de los inversores europeos en España.
El presidente de ACS, Florentino Pérez, dueño del Castor, ha maniobrado en los últimos meses con diferentes miembros del Gobierno para tratar de conseguir la indemnización por el cierre del almacén subterráneo de gas antes de la fatídica fecha del 30 de noviembre.
Ese día, los bonistas que pusieron los 1.400 millones de euros que necesitaba Escal UGS (empresa de la que ACS controla un 66%) para financiar la construcción del Castor tenían que comenzar a recuperar su aportación con los intereses correspondientes.
Sin embargo, el almacén no entrará en funcionamiento y Escal ha devuelto su concesión al Estado, así que Florentino necesitaba sí o sí que el Gobierno diera luz verde a la indemnización a la que tiene derecho para poder devolver a sus bonistas lo aportado.
Por eso, el presidente del Real Madrid se ha movido en los últimos meses para conseguir que los 1.430 millones de euros de la indemnización por devolver el Castor llegaran en fecha. Y lo ha conseguido. Desde Moncloa se dio la orden al Ministerio de Industria y Energía de que movilizara de urgencia a las entidades bancarias para que el préstamo estuviera listo en semanas.
En un tiempo récord, la subasta ha elegido a tres bancos que liberarán el préstamo, tal y como informa hoy Vozpópuli. ¿A qué se debe la prisa del Gobierno por abonar la indemnización a ACS? Según las fuentes consultadas, Moncloa alertó a los ministerios de Industria, Economía y Hacienda del impacto negativo que tendría en la confianza de los inversores internacionales en España el hecho de que una compañía como ACS incurriera en default o impago con sus bonistas.
Máxime cuando el Banco Europeo de Inversiones (BEI), dependiente de la Comisión Europea, es el principal bonista, al suscribir 300 millones de euros y aportar garantías por otros 200 millones más. En conjunto, el 80% de los bonistas son extranjeros.
Un impago de ACS al BEI hubiera provocado una reacción negativa en los mercados, piensan en Moncloa, no sólo hacia la compañía deudora sino también a su país de procedencia, máxime cuando el activo que provoca ese default ha dejado ya de pertenecer a esa empresa y ha pasado al Estado, tras la devolución de la concesión.
Es decir, el Estado español habría sido cómplice, a ojos de los inversores, del impago del grupo que preside Florentino Pérez. Así que la maquinaria gubernamental se puso en marcha este mes de septiembre para acelerar la concesión del préstamo para la indemnización, pese a que Industria había dicho que había que esperar a los informes técnicos encargados a dos universidades estadounidenses para confirmar que los más de 500 terremotos provocados hace ahora un año se debían a la inyección de gas en el Castor.
Si esos informes detectaban dolo o negligencia por parte de Escal al inyectar el gas, ACS podría haberse quedado sin indemnización. También está en marcha la investigación de los terremotos por parte de la Fiscalía de Castellón.
Pero ACS no podía esperar y el Gobierno ha preferido quitarse del medio el problema lo antes posible para evitar dañar el clima de creciente confianza de los inversores internacionales en esa España que ya está saliendo de la crisis.
Serán los consumidores de gas los que pagarán esos 1.430 millones de euros que se le abonarán a ACS en concepto de indemnización tras el cierre del Castor, pues los tres bancos adjudicatarios cobrarán de la tarifa del gas durante 30 años el monto total del préstamo más los intereses del entorno del 4%.
Florentino Pérez ha conseguido que sus exigencias hayan sido escuchadas en Moncloa. El empresario madrileño se ha movido durante meses para conseguirlo. Lo hizo con el ministro de Industria, José Manuel Soria, y su número dos, Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía, en varias ocasiones.
También tanteó al jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal, y por último trató de granjearse el favor de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en el viaje conjunto que realizaron a Lima (Perú).
Sus movimientos han surtido efecto y previsiblemente hoy en el Consejo de Ministros (si no es así podría ser en el próximo) se dé luz verde a la solución al problema del Castor, aunque aún no se hayan esclarecido las responsabilidades que la empresa concesionaria haya podido tener en los terremotos de hace un año.
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