Una nueva polémica, que se suma a la planteada por el desalojo de la isla Demarchi, vuelve a dividar las aguas entre el Gobierno y las empresas navieras. Ahora el motivo es el proyecto de marco regulatorio para la flota mercante y la industria naval que impulsa el subsecretario de Puertos, Horacio Tettamanti.
El nuevo esquema prevé crear un doble “registro de armadores y astilleros nacionales” y limitar los actuales beneficios fiscales y operativos a las empresas que tengan como mínimo un 51% del capital en manos de socios locales .
Las principales entidades del sector (Cámara Naviera Argentina, Cámara de Armadores de Bandera Argentina y la Cámara de Empresas Navieras y Armadoras) rechazaron de plano esa exigencia y advirtieron que dejará fuera de operación al 70% de la flota que opera en la actualidad.
Los empresarios alertaron además que el proyecto oficial “restringe la posibilidad de chartear barcos para fletes temporarios”. Esto, según las empresas, debilitaría la capacidad de bodega nacional abriéndoles las puertas al ingreso de buques extranjeros.
La Federación de la Industria Naval también cuestionó la iniciativa y reclamó no excluir a los astilleros ya instalados para que no se vean afectados los puestos de trabajo.
Fuente: Clarín
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